La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este viernes que el Gobierno se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país, en un fallo que representa un duro revés a la política arancelaria del mandatario.
Con una mayoría de 6-3, el Supremo, dominado por conservadores, le propinó al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, rompiendo con la tendencia favorable que había tenido en otros temas clave de su agenda.
El presidente del Tribunal, John Roberts, en representación de la mayoría, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, utilizada por Trump como fundamento de su guerra comercial.
El fallo considera que el uso de esta legislación supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que los aranceles son interpretados como un tipo de impuesto a los ciudadanos.
En disenso, los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh defendieron que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones, argumentando que la IEEPA puede aplicarse en temas de política exterior, lo cual, según ellos, corresponde al caso en discusión.
La decisión no impide que Trump imponga gravámenes bajo otras leyes, y funcionarios de su Administración ya han señalado que esperan mantener el marco arancelario con otros basamentos legales.
Sin embargo, aún no está claro si los importadores que han pagado los altos aranceles podrán solicitar y recibir reembolsos, que equivaldrían a varios miles de millones de dólares.
Trump calificó como “muy decepcionante” que el Supremo considere ilegal la implementación de gran parte de sus aranceles, insistiendo en que estos han sido clave para el éxito económico de su Gobierno y para presionar a otras naciones en materia de política exterior.
Este fallo marca un precedente importante en la delimitación de las facultades presidenciales en materia económica y comercial, reafirmando el papel del Congreso en la definición de la política tributaria del país.
