Honduras está entrando —a veces sin notarlo— en una etapa en la que lo digital sostiene la vida diaria y el funcionamiento del Estado. Banca y pagos, aduanas, trámites, salud, telecomunicaciones y servicios públicos dependen cada vez más de sistemas informáticos.
Esto trae eficiencia y rapidez, pero también una realidad inevitable: si un sistema crítico cae, el impacto no es tecnológico; es económico, social y político.
Cuando se habla de un “apagón digital” no se trata de imaginar que el internet del país se apaga por completo.
El riesgo real es más silencioso y más dañino: que servicios esenciales queden interrumpidos porque sus plataformas, redes o datos dejan de operar. Y en un país donde la gente necesita respuestas rápidas, donde la economía se sostiene en la circulación diaria, y donde el Estado debe garantizar continuidad, este escenario ya debe entenderse como un riesgo país.
La ciberseguridad, por tanto, no es un lujo. No es un tema exclusivo del “departamento de informática”. Se ha convertido en un asunto de estabilidad nacional, porque una crisis digital afecta lo que sostiene la confianza: la capacidad de cobrar, pagar, registrar, atender, coordinar y responder.
Las lecciones no son hipotéticas. En 2022, Costa Rica enfrentó una oleada de ataques de ransomware que golpeó instituciones públicas y obligó al gobierno a declarar emergencia nacional. No fue solo un escándalo informático: el daño se sintió en la operación del Estado y en la percepción pública.
La enseñanza es directa para Honduras: cuando se afecta el corazón fiscal, aduanero y administrativo, el país se ralentiza. Se detienen procesos, se encarece el comercio, se acumulan retrasos y crece la incertidumbre.
En el mundo, el costo promedio de una brecha de datos fue estimado en 4.88 millones de dólares en 2024, según el informe “Cost of a Data Breach” de IBM. Sin embargo, en el sector público el costo real es aún mayor, porque no solo se mide en dinero, sino en credibilidad institucional, presión social y deterioro de la confianza en el Estado.
Cuando un servicio crítico falla, el ciudadano no pregunta qué firewall faltó; pregunta por qué el sistema no funciona, por qué nadie anticipó, y por qué la respuesta llega tarde.
Además, existe un error común que hace que el problema se subestime: creer que los ataques ocurren solo por tecnología sofisticada o por adversarios “geniales”.
La realidad muestra algo más incómodo: muchas intrusiones entran por fallas humanas y procesos débiles. Informes como el “Data Breach Investigations Report” de Verizon han señalado repetidamente que credenciales expuestas, contraseñas reutilizadas, engaños por correo, configuraciones mal hechas y falta de controles básicos siguen siendo puertas abiertas.
En términos simples: la amenaza crece porque la dependencia digital crece, pero la disciplina de seguridad no está creciendo al mismo ritmo.
Por eso Honduras necesita cambiar el enfoque. La ciberseguridad debe asumirse como política pública y como una responsabilidad estratégica del Estado.
En la práctica, esto implica reconocer algo elemental: no todo se puede proteger igual y al mismo tiempo. Se debe definir qué es infraestructura crítica y priorizarla con seriedad: energía, agua, salud, banca y pagos, telecomunicaciones, transporte y logística, puertos y aduanas, y también los sistemas electorales. Cuando no existe esa claridad, se intenta “proteger todo” y al final no se protege nada.
También se necesita dejar atrás la improvisación. No puede ser que cada institución invente su propia “seguridad” según su presupuesto, su criterio o su proveedor de turno.
El país requiere estándares mínimos obligatorios por sector, auditorías que verifiquen cumplimiento, y cultura institucional que entienda que seguridad no es un documento, sino una práctica constante. Inventariar activos, controlar accesos, asegurar respaldos y probarlos, segmentar redes, aplicar parches, monitorear eventos y entrenar al personal para reconocer engaños no son ideas sofisticadas: son las bases.
Pero ninguna base funciona si cada institución responde sola. Honduras necesita una capacidad nacional de coordinación para incidentes grandes. Por eso se vuelve clave contar con un CSIRT o CERT, siglas que significan Equipo de Respuesta a Incidentes o Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas. Dicho en simple: es el “equipo de emergencia digital” del país.
Así como los bomberos coordinan cuando hay un incendio, un CSIRT/CERT coordina cuando hay un ataque informático: recibe alertas, confirma qué está pasando, ayuda a contener el daño y guía la recuperación para que los servicios no se paralicen.
Además, emite avisos preventivos y recomendaciones para que instituciones y empresas se preparen antes de que ocurra una crisis. Sin un equipo así, cada entidad enfrenta los ataques sola, se tarda más en reaccionar y el impacto nacional se vuelve mayor.
Finalmente, hay un concepto que debe pasar de la teoría a la práctica: continuidad operativa. La pregunta correcta no es si habrá incidentes, sino cuándo.
Continuidad significa poder seguir funcionando, aunque un sistema caiga: procedimientos alternos, respaldos que realmente se restauran, roles definidos, comunicación de crisis, y simulacros periódicos.
Los países que se sostienen en momentos difíciles no son los que nunca enfrentan crisis; son los que ya practicaron antes cómo responder.
Este artículo no busca alarmar. Busca poner en palabras una verdad que Honduras debe asumir con madurez: el “apagón digital” no es ciencia ficción, es un riesgo real en un Estado y una economía cada vez más dependientes de lo digital. Y el llamado principal es para las autoridades: la ciberseguridad ya es gobernanza. Ya es economía. Ya es confianza pública.
Es como el mantenimiento de una carretera: si solo actuamos cuando colapsa, el costo social se multiplica.
Honduras aún está a tiempo de prevenir en lugar de lamentar. La decisión es política y técnica a la vez: anticiparse con método, priorizar lo crítico, exigir estándares, coordinar respuesta y garantizar continuidad. Porque cuando lo digital falla, no falla una computadora; falla un país.
