La Acción Ciudadana contra la Dictadura, denunció ante el Ministerio Público (MP), a 28 diputados del Partido Nacional y a otros exfuncionarios por apoyar la relección del expresidente Juan Orlando Hernández, en el año 2018-2022.
Hondumedios. El profesional del derecho René Adán Tomé, recordó que “el entonces fiscal general, Oscar Fernando Chinchilla, engavetó alrededor de 15 denuncias, pero hoy se las estamos trayendo al nuevo fiscal del Estado, Johel Antonio Zelaya, para que tome nota”.
El togado, además, dijo que Chinchilla debe ser destituido de la Corte Centroamericana de Justicia en Nicaragua, al argumentar que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, lo eligió para que Chinchilla tuviera impunidad, por lo tanto, la elección debe ser anulada y de esa forma que venga a enfrentar la justicia a Honduras.
Además, de los 28 congresistas, la denuncia es también contra 21 ministros, viceministros, los designados presidenciales como Ricardo Álvarez y la primera dama, Ana García de Hernández, por ende, el Ministerio Público debe proceder contra todos los que usurparon el poder en el Gobierno de Juan Orlando Hernández y que se enriquecieron a costa del presupuesto de la nación.
Son alrededor de seis delitos denunciados contra los parlamentarios: abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, conspiración para traicionar a la patria, traición a la patria, y tráfico de influencias.
Adán Tomé, dijo que la reelección está prohibida “por lo tanto, los 28 diputados del Partido Nacional, que están en el Congreso Nacional, perdieron la ciudadanía y están inhabilitados por 10 años”.
Estos parlamentarios están “boicoteando el trabajo del legislativo, ellos quieren negociar impunidad, quieren meter la mano en el Ministerio Público”, agregó.
El documento refiere que de acuerdo con la Constitución de la República, en la presente conformación del Pleno del Congreso Nacional del periodo de 2022-2026, se encuentran al menos veintiocho diputados propietarios con sus respectivos suplentes de filiación nacionalista, que a partir del 27 de enero del 2018, en aplicación de la Carta Magna perdieron la ciudadanía hondureña, cesaron de inmediatamente en el desempeño de sus respectivos cargos y quedaron inhabilitados por diez (10) años hasta el 2028, al haber apoyado el continuismo y la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández Alvarado y su gobierno usurpador y continuista, quebrantando de hecho la disposición contenida en si irreformable Articule 219 constitucional, los cuales participaron en la suplantación de la soberanía popular e incurrieron, entre otros, en el grave delito de traición a la patria.
