El Ministerio Público (MP) presentó tres requerimientos fiscales en el marco de investigaciones por corrupción y manejo irregular de fondos públicos.
Estas acciones involucran a exfuncionarios de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y a ciudadanos guatemaltecos señalados por desvíos millonarios en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
Primer requerimiento: Exdirector de OABI y exfuncionarios
El MP ha acusado al exdirector de la OABI, Jorge Alberto Gonzáles Salinas, junto con los exfuncionarios Alan Orlando Carranza Stevez, Enoc Eusebio Reyes Ortega y Javier Enrique Caballero Velásquez, por presunta violación de los deberes de su cargo.
Según la investigación, estos gestionaron de manera ilegal la devolución de bienes incautados durante la Operación Magnate, realizada en marzo de 2022 en San Pedro Sula. Entre los bienes recuperados de forma irregular figuran:
Una vivienda en Merendón Hills, cuatro vehículos, una empresa vinculada a actividades ilícitas.
Segundo requerimiento: Exfuncionarios de Banadesa y empresarios
El segundo requerimiento fiscal acusa a Julio César Maldonado Hernández, representante de una empresa constructora, por fraude y lavado de activos.
También se señala por fraude a José Rubén Álvarez, presidente de una cooperativa, y por violación de deberes a los exfuncionarios de Banadesa, Raúl Antonio Herrera Rodríguez y Tania Sagastume Bulnes.
Este grupo habría utilizado de manera fraudulenta un fideicomiso creado en 2016 para construir el mercado “Las Acacias” en Juticalpa, Olancho, obra que nunca se ejecutó.
El perjuicio económico asciende a 2.8 millones de lempiras, que los implicados habrían desviado hacia gastos personales y transferencias a terceros.
Tercer requerimiento: Ciudadanos guatemaltecos y desvío de fondos en el IHSS
El tercer requerimiento fiscal incluye una orden de captura internacional contra los ciudadanos guatemaltecos Pablo Andrés Barillas Rascón y Marisol Figueroa López de Barillas, acusados del delito de lavado de activos. Entre 2010 y 2014, ambos habrían desviado 9.7 millones de lempiras del IHSS mediante empresas fachadas sin vínculo contractual con la institución.
Con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público, el MP aseguró:
Dos sociedades mercantiles, cuatro cuentas bancarias utilizadas para mover los fondos de forma irregular.
