La Policía Nacional capturó este lunes en San Pedro Sula a Gerardo Enrique Galeano Hernández, acusado de terrorismo y señalado por el Ministerio Público como parte de un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Con esta detención, Galeano se une a los otros tres imputados: Perfecto Enamorado, Antonio Kattán y Arcadio López, quienes guardan prisión preventiva desde el 14 de agosto en la Penitenciaría Nacional de Támara.
El fiscal general Johel Zelaya anunció públicamente el descubrimiento del presunto complot, divulgando audios en los que los acusados supuestamente discutían preparativos para ejecutar el magnicidio. Según el Ministerio Público, los implicados habrían coordinado acciones para atentar contra Zelaya durante una marcha, con el objetivo de generar caos político y desestabilización nacional.
Los cargos incluyen actos preparatorios para hechos punibles, asociación terrorista y conspiración criminal, delitos que podrían acarrear penas agravadas según el Código Penal hondureño.
La gravedad de las acusaciones contrasta con las dudas que han surgido en torno a la solidez del caso. Familiares de los detenidos afirman que los audios fueron sacados de contexto y que los implicados ni siquiera se conocían entre sí.
La captura de Galeano —un empresario de 54 años— ha reavivado el debate sobre el uso del término “terrorismo” en un contexto político polarizado. ¿Estamos ante una red real de conspiración o frente a una narrativa institucional que busca reforzar el control político mediante el miedo?
El manejo público del caso por parte del fiscal Johel Zelaya ha sido cuestionado por su tono alarmista y por la divulgación de pruebas en medios antes de ser presentadas formalmente ante tribunales.
La exposición mediática de los audios, sin contexto judicial completo, podría vulnerar el principio de presunción de inocencia y convertir el proceso en un espectáculo político.
