Más de un año después de los hechos, el Tribunal de Sentencias declaró culpables a cuatro agentes de la Policía Nacional por su participación en la muerte del menor Erick Daniel Bonilla Pérez (16), hecho ocurrió el 13 de junio de 2024, entre la segunda y tercera avenida de Comayagüela.
El fallo, unánime, representa un paso importante en la lucha contra la impunidad dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, aunque deja al descubierto profundas fallas estructurales en el actuar policial.
¿Qué ocurrió?
Todo comenzó con una alerta del Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre supuestos asaltos cometidos por sujetos en motocicletas. En respuesta, agentes del Distrito Policial 1-1 iniciaron una persecución contra dos jóvenes que se conducían en una motocicleta.
Según el testimonio del sobreviviente, los agentes comenzaron a seguirlos desde las cercanías del Congreso Nacional. La persecución terminó en tragedia: Erick Daniel Bonilla Pérez, de apenas 16 años, fue abatido a disparos por los agentes, sin que mediara amenaza directa ni justificación legal para el uso de fuerza letal.
En el sitio del incidente habían instaladas cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 Honduras, donde quedo grabado el momento donde uno de los policías disparó a quemarropa en contra de la víctima.
El testigo de este lamentable hecho relató que los uniformados lo amenazaron y sin dar parte se dieron a la fuga del lugar.
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Los sentenciados
Carlos Daniel Núñez Ávila: declarado culpable como autor del delito de homicidio, Asimismo, Mario Orlando Amador Sosa, Kenia Yoxibel Cárcamo Ordóñez y la subinspectora Rosi Elizabeth Valladares López fueron encontrados culpables por encubrimiento de homicidio y omisión del deber de socorro.
Un patrón que se repite
Este caso no es un hecho aislado. La muerte de Erick Daniel se suma a una preocupante lista de abusos cometidos por agentes del orden, donde el uso excesivo de la fuerza, la falta de protocolos claros y la cultura del encubrimiento han cobrado vidas inocentes.
Lo más alarmante es que, de no haber existido presión mediática y social, este caso probablemente habría quedado en el olvido, como tantos otros.
La sentencia, aunque justa, llega tarde. La familia de Erick Daniel ha tenido que enfrentar no solo el dolor de la pérdida, sino también un sistema que históricamente ha protegido a sus uniformados.
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El hecho de que tres de los acusados hayan recibido inicialmente medidas sustitutivas y no detención inmediata, pese a la gravedad de los cargos, refleja una preocupante tolerancia institucional hacia el abuso de poder.
Además, este caso evidencia la necesidad urgente de reformas profundas en la Policía Nacional, incluyendo:
- Protocolos estrictos sobre el uso de la fuerza.
- Supervisión externa e independiente.
- Formación en derechos humanos y manejo de crisis.
- Mecanismos eficaces de denuncia y protección a testigos.
La muerte de Erick Daniel Bonilla Pérez no puede quedar como una estadística más. Su caso debe ser un punto de inflexión para repensar el rol de la policía en una sociedad que exige justicia, transparencia y respeto a la vida. La justicia no solo debe llegar, sino llegar a tiempo.
