Siguiendo el libreto chavista, el Ministerio Público (MP) presentó requerimiento fiscal contra dos de tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral con lo que pretende controlar ese ente electoral para no tener oposición en un eventual fraude en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
A menos de tres semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, esta acción judicial no solo pone en entredicho la independencia del órgano electoral, sino que también plantea serias dudas sobre las intenciones detrás del movimiento.
El MP acusa a los magistrados por presunto prevaricato, es decir, por emitir resoluciones contrarias a la ley. Sin embargo, el momento y el contexto en que se presenta este requerimiento —en plena recta final del proceso electoral— sugieren que podría tratarse de una maniobra para debilitar al TJE y facilitar el control político sobre sus decisiones.
La acusación se dirige contra dos magistrados clave, lo que deja al tribunal prácticamente paralizado y vulnerable a intervenciones externas.
En un país donde la institucionalidad democrática ha sido históricamente frágil, este tipo de acciones despierta sospechas legítimas sobre una posible estrategia de captura institucional.
La frase “siguiendo el libreto chavista” no es casual. Hace referencia a tácticas utilizadas en regímenes autoritarios para desmantelar organismos independientes, neutralizar la oposición y consolidar el poder.
En este caso, el paralelismo se traza con la intención de mostrar cómo el MP estaría actuando no como garante de la legalidad, sino como brazo político de intereses que buscan perpetuarse en el poder.
Este tipo de narrativa, aunque polémica, refleja el temor de muchos sectores ante un eventual fraude electoral. Si el TJE queda bajo control de actores alineados con el oficialismo, ¿quién garantizará la transparencia de los resultados?
Riesgos para la democracia
La democracia no solo se mide por la realización de elecciones, sino por la existencia de instituciones capaces de arbitrar el proceso con independencia y credibilidad. El debilitamiento del TJE en este momento crítico pone en riesgo la confianza ciudadana y abre la puerta a una crisis de legitimidad.
Además, el uso del aparato judicial para perseguir magistrados en funciones puede sentar un precedente peligroso: el de judicializar la política para eliminar obstáculos, en lugar de fortalecer el diálogo y el respeto institucional.
La sociedad civil, los observadores internacionales y los medios de comunicación deben mantenerse vigilantes. La transparencia del proceso electoral depende de que los órganos encargados de su supervisión actúen sin presiones ni interferencias.
Si el MP tiene pruebas sólidas, debe presentarlas con rigor y sin afectar el equilibrio democrático. Pero si se trata de una jugada política, la historia juzgará con severidad a quienes la ejecuten.
