La periodista Gabriela Castillo Bueso, expareja del alcalde capitalino Jorge Aldana, lo denunció por agresión verbal y física, según consta en un expediente abierto en un juzgado especial contra la violencia doméstica. El caso, sin embargo, ha quedado envuelto en un manto de impunidad y silencio institucional.
De acuerdo con documentos judiciales, la denuncia fue presentada formalmente, pero hasta la fecha no se ha conocido ninguna acción contundente por parte del Ministerio Público, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre un posible trato privilegiado hacia el edil, miembro del partido Libre.
Medios escritos nacionales publicaron la noticia este -sábado 22 de noviembre 2025- en sus plataformas digitales, pero horas después los reportes fueron eliminados sin explicación, lo que ha sido interpretado como un intento de censura o bozal informativo.
Este hecho ha encendido las alarmas sobre el respeto a la libertad de expresión y la transparencia en casos que involucran a figuras públicas.
Datos investigativos
- El expediente judicial confirma que la denuncia fue admitida en un juzgado especializado en violencia doméstica.
- La periodista Castillo Bueso relató episodios de agresión verbal y física, señalando directamente al alcalde Aldana.
La denuncia se suma a otros señalamientos de abuso de poder contra funcionarios vinculados al partido Libre, lo que refuerza la percepción de protección política.
El caso pone en evidencia la fragilidad institucional en Honduras frente a denuncias de violencia doméstica cuando los acusados son figuras de poder político. La falta de respuesta oficial y la eliminación de publicaciones periodísticas refuerzan la narrativa de que existe un sistema de impunidad que favorece a quienes ostentan cargos públicos.
La situación ha generado indignación en sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes exigen que el caso sea investigado con rigor y que se garantice justicia para la víctima, sin importar el rango político del acusado.
