En la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, varias personas patrullan los “campamentos de recuperación de tierras” con armas ilegales, lo que podría desencadenar enfrentamientos violentos. La Policía y Fiscalía se mantienen indiferentes, denuncian afectados por las usurpaciones. Garífunas reclaman por el cumplimiento de tres sentencias de la Corte IDH
Las disputas y conflictos armados motivados por la disputa de tierras, en departamentos como Atlántida y Colón al norte del país, empeoran y esto podría desencadenar un nuevo estallido social, mientras el Gobierno hondureño, “autollamado de la refundación”, sigue indiferente y “sin voluntad”, concuerdan varios afectados por las usurpaciones, mientras sus denuncias siguen engavetadas por el Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Por otro lado, la Procuraduría General de la Republica (PGR), la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Agrario (INE) y el Instituto de la Propiedad (IP), siguen avanzar en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre los derechos de propiedad colectiva en las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y San Juan (Tela, Atlántida) y Punta Piedra (Iriona, Colón).
Presuntos dirigentes de comunidades garífunas y activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), portan armas ilegales y mantienen ocupadas varias tierras productivas, en perjuicio de agricultores, ganaderos, empresarios del turismo y la hotelería, en ciudades costeras como Tela (Atlántida) y Trujillo (Colón), donde el Estado ha sido incapaz de mediar entre las partes en conflicto.
Los activistas garífunas reclaman que ellos “únicamente han procedido a recuperar su territorio ancestral”, para hacer valer de su derecho a la propiedad colectiva, que fue violentado por el Estado de Honduras y que ya tiene tres sentencias condenatorias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le orden cumplir con medidas de reparación en tres comunidades, dos de Atlántida y una de Colón.
Las primeras sentencias condenatorias de la Corte IDH fueron, emitidas en 2015, ordenaron el saneamiento del territorio en Triunfo de la Cruz (Tela, Atlántida) y Punta Piedra (Iriona, Colón), donde el Estado debía anular los títulos de propiedad previamente emitidos e indemnizar a los propietarios de tierras, entre ellos empresarios, sindicatos, agricultores, entre otros. Por otro lado, la comunidad podría abrirse a la coinversión conjunta con demás ocupantes de la comunidad, bajo términos armoniosos.
En 2023, otra sentencia recayó sobre el Estado de Honduras, por violentar la propiedad colectiva en la comunidad de San Juan (Tela, Atlántida), en donde se deben de aplicar medidas de reparación y en este caso, más flexibles, ya que se puede hacer una titulación compensatoria, por el área comunal ocupada por complejos turísticos y parte del área urbana de la ciudad de Tela.
Para el exalcalde de Tela, Mario Fuentes, “no hay voluntad política” en los gobiernos hondureños, que deben de mediar entre todas las partes interesadas, cumpliendo con medidas ordenadas por las sentencias, pagando las indemnizaciones a justiprecio de las tierras dentro del territorio garífuna que fueron tituladas en favor de particulares, pero en el mejor de los casos se debe de promover la coinversión y la convivencia armoniosa entre todos los hondureños.
Presuntos activistas de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz usurparon la vivienda de la actual ministra del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Yadira Gómez, quien ha evitado referirse al tema.
Un morador del Triunfo de la Cruz, que pidió anonimato, aseguró que la funcionaria no se refiere a la problemática “para no afectar la intención de voto que tienen nuestros hermanos, hacia Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libre (Libertad y Refundación)”.
“Libre le ha hecho creer a nuestros pueblos garífunas que si Rixi Moncada gana las elecciones, se va a cumplir con el saneamiento estipulado por la Corte IDH, sobre nuestro territorio ancestral aquí en Triunfo de la Cruz; la ministra Yadira Gómez y los dirigentes de Libre en Atlántida están haciendo sus cálculos políticos, pero la realidad es que tienen casi cuatro años sentados en el poder y no cumplieron con nuestras comunidades garífunas”, dijo un aldeano dedicado a la cocina típica de la zona.
Luis Madrid, un ganadero y agricultor de la zona, denunció que la usurpación de sus plantaciones de palma aceitera en las cercanías al Triunfo de la Cruz, comunidad al este de Tela, Atlántida. Medios locales informaron que la Policía Nacional tiene conocimiento de que los garífunas portan armas de manera ilegal, pero no actúa.
“Ahí puede haber fuego cruzado, al igual que en Tela, en Trujillo hay otro montón de denuncias porque a unos canadienses les invadieron unos predios que ellos compraron lícitamente. El Estado no tiene voluntad, no tiene interés, no tienen sensibilidad para resolver en esta situación”, dijo un comunicador afectado por el conflicto de tierras en Triunfo de la Cruz
El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Municipalidad del Puerto de Tela (SIDEPMUT), logró la titulación de unos 100 lotes en beneficio de sus afiliados y de comunicadores sociales de la ciudad en la comunidad Triunfo de la Cruz, pero el proceso de indemnización sigue empantanado.
Uno de los comunicadores teleños afectados por la sentencia de la Corte IDH, lamentó que el Procurador General de la Republica, Manuel Díaz Galeas, visitara este año la ciudad de Tela, Atlántida, durante ceremonia de develación de un busto en honor a la ambientalista hondureña, Jeannette Kawas, asesinada en 1995 por defender los recursos naturales la zona.
“Manuel Díaz Galeas de la PGR estuvo a Tela y no tuvo interés en reunirse con el SIDEPMUT, que parece está dormido y no ha gestionado la indemnización de nuestros lotes, que obtuvimos legalmente en una donación. No tiene interés el gobierno en este tema, no podemos ni ir a chapear los solares porque los garífunas nos sacan con armas, ellos patrullan ahí en motos”, dijo un comunicador que pidió anonimato.
Por su parte, OFRANEH ha manifestado que los medios de comunicación tiene una “campaña de odio en contra del pueblo garífuna”, pero no se pronuncia sobre la portación ilegal de armas de fuego de sus activistas en las comunidades del Triunfo de la Cruz.
En Trujillo, Colón, el desarrollo económico está afectado severamente por la usurpación de tierras con vocación turística, ya que empresarios canadienses adquirieron los predios desde la década de los 90´s y tienen documentos que acreditan propiedad, pero el MP y DPI, se mantienen indiferentes ante la situación.
