El periodista Renato Álvarez, uno de los comunicadores más influyentes del país, denunció públicamente al general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), por amenazas que ponen en riesgo su vida y agravan el clima de tensión institucional que atraviesa el país.
La denuncia fue realizada en vivo durante la emisión de TN5 Estelar, donde Álvarez reveló haber tenido acceso a un documento de inteligencia militar filtrado, en el que se describirían expresiones y valoraciones del alto mando militar dirigidas directamente contra él.
El periodista relató que en dicho informe se le atribuyen al general Hernández frases como “ya va a ver cómo va a quedar”, las cuales calificó como intimidatorias.
“¿Cómo voy a quedar yo?”, cuestionó Álvarez frente a cámaras, exigiendo una explicación pública del jefe castrense. “Dígalo a Honduras, dígale a Honduras cómo voy a quedar”, insistió, señalando que el documento también contiene insultos, descalificaciones y expresiones soeces en su contra, entre ellas que sería un “arrastrado de los empresarios”.
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Un episodio que profundiza la tensión entre prensa y Fuerzas Armadas
Álvarez contextualizó su denuncia en un ambiente de creciente presión pública y cuestionamientos sobre el papel de las Fuerzas Armadas en medio de la crisis política y electoral. Aseguró que la situación genera preocupación no solo por su seguridad personal, sino por el mensaje que envía a la prensa hondureña en general.
Diversos sectores han recordado que no es la primera vez que el general Hernández aparece vinculado a confrontaciones con medios de comunicación. Desde el periódico institucional de las FF. AA. se han publicado en el pasado notas con señalamientos directos contra periodistas y medios nacionales, lo que ha sido interpretado como un patrón de hostilidad hacia el gremio.
La denuncia del comunicador ha reactivado el debate sobre la protección a periodistas y el respeto a la libertad de expresión en un Estado democrático. Organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos y actores políticos han comenzado a exigir claridad sobre el contenido del documento filtrado, así como garantías para el ejercicio periodístico sin intimidaciones.
El caso también ha puesto bajo escrutinio los límites del accionar de las instituciones armadas, especialmente en un contexto de alta sensibilidad política, donde la independencia de la prensa es considerada un pilar esencial para la transparencia y la rendición de cuentas.
