El Ministerio Público informó este viernes sobre la captura de dos agentes policiales, identificados como Juan Daniel Fonseca Becerra y María Vicenta Molina Escobar, acusados de participar en el asesinato de su compañera, la agente Linda Waleska Cáceres Suazo, ocurrido el 22 de diciembre de 2024 en la carretera CA-5, a la altura de la aldea Tamara, en el valle de Amarateca, periferia de Tegucigalpa.
Los imputados enfrentan cargos por asesinato, femicidio agravado y asociación para delinquir, delitos que reflejan la gravedad del crimen y la traición institucional que representa.
La víctima salió de su vivienda en Comayagua a la 1:00 de la madrugada, rumbo a un encuentro con la pareja de inspectores y otras personas.
Alrededor de las 2:50 a.m., al descender de su vehículo en el punto de reunión, fue atacada por los imputados y sus acompañantes, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.
Posteriormente, en un acto de odio y ensañamiento, incendiaron tanto el cuerpo de la agente como el vehículo en el que se transportaba, antes de huir de la escena.
Implicaciones institucionales
El caso representa un golpe a la credibilidad de la Policía Nacional, pues involucra directamente a miembros de la institución en un crimen contra una compañera. Este hecho expone: La vulnerabilidad interna de la institución frente a la infiltración de estructuras criminales.
La falta de controles efectivos para prevenir que agentes con vínculos delictivos permanezcan en servicio activo.
El impacto en la confianza ciudadana, que se ve erosionada cuando quienes deben proteger la vida y la seguridad se convierten en perpetradores de violencia.
La brutalidad del crimen y la participación de policías en el mismo reflejan una crisis ética y estructural dentro de la institución. El femicidio agravado contra una agente del orden no solo es un delito atroz, sino también un símbolo de la descomposición de valores en sectores de la fuerza pública.
La respuesta del Ministerio Público, aunque necesaria, debe ir acompañada de una depuración profunda y sostenida en la Policía Nacional, así como de mecanismos de supervisión más estrictos para evitar que casos similares se repitan.
