Crímenes de cuello blanco: Cuando los delitos son cometidos por aquellos que deben combatirlos
Raquel Amaya
Master en Criminología
Hay un dicho popular que reza, que las malas noticias son las que llegan primero, para muestra están las portadas de todos los medios de comunicación, que día a día nos inundan de titulares sangrientos y desalentadores, que no hacen más que recordarnos que, la criminalidad y la violencia parecen formar parte de la cotidianidad de la sociedad hondureña.
Delitos como la extorsión, homicidios, tráfico de drogas suelen asociarse siempre con los mismos perfiles: personas que, por múltiples factores sociales, económicos o personales, han hecho del crimen, su modus vivendi. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar, sobre otra forma de criminalidad, mucho más silenciosa, pero no menos perjudicial. Pero, ¿Qué pasa con aquellos delitos que son cometidos en las mas altas esferas del poder? Aquellos delitos en los cuales la violencia o la fuerza física no son el mecanismo para cometerlos, sino el abuso de poder, de confianza, el trafico de influencias o el uso inapropiado de los fondos públicos.
Fue el criminólogo Edwin Sutherland, quien desafió la imagen convencional de un delincuente, demostrando que el crimen no era un acto exclusivo de aquellos que vivían en condiciones de vulnerabilidad. Según su teoría, personas con prestigio, poder político y económico, aquellos de reputación “intachable”, que no encajaban en el perfil de un delincuente, también cometan delitos, aprovechándose de su posición de confianza en la sociedad, es así como nace el concepto de delitos de cuello blanco. La realidad en Honduras, es el claro reflejo de la vigencia de esta teoría, los constantes cuestionamientos en el manejo de los fondos públicos, las denuncias por presuntas irregularidades en diferentes sectores, solo son la punta del iceberg de una forma de criminalidad a la que claramente no se le está dando la debida atención.
Sus consecuencias son altamente nocivas y no solo por los daños económicos y sociales que esto genera, sino también la constante desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y la percepción de impunidad de quienes cometen tales actos. De los casos más recientes en el país, es sobre el desempeño del Tribunal Superior de Cuentas. De acuerdo con registros oficiales divulgados por medios de comunicación, entre el año 2019 y 2025 el TSC remitió únicamente cuatro expedientes de presunto enriquecimiento ilícito a la Fiscalía, en los que se involucran a exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS y dos municipalidades.
Si según información publicada, en estos últimos cuatro años el TSC ha administrado un presupuesto de 2,250 millones de lempiras, que estaban destinados precisamente al fortalecimiento de las labores de auditoría y fiscalización con el fin de combatir la corrupción, resulta lógico y justo que la ciudadanía se cuestione si los resultados obtenidos responden a la proporción de recursos asignados.
Desde la óptica de la criminología, es oportuno traer a discusión, no solo los escasos resultados del TSC, sino también la falta de capacidad de dicha institución para la investigación y detección de los delitos de cuello blanco, que no son pocos en el país.
Esto genera un profundo sentimiento de desconfianza y desanimo de la ciudadanía frente a las instituciones de Gobierno, lo que fortalece la idea de que la criminalidad en el poder continúa gozando de la eterna impunidad que ha imperado desde siempre. ¿Cómo puede justificar el anterior Gobierno, que pese a los millonarios recursos asignados a dicha institución, la percepción ciudadana continúe siendo que la lucha contra la corrupción es Honduras no es mas que un cuento de hadas? Una historia en la que rara vez se ven expuestos los verdaderos responsables. Los hondureños hemos llegado al punto de normalizar todo acto de corrupción, por la costumbre de convivir con ellos, cada escándalo político pone bajo la lupa a la clase oligárquica por unos días, mientras otro hecho relevante, borra de nuestra memoria situaciones que debemos mantener presentes.
A diferencia de la violencia convencional, los delitos de cuello blanco no dejan huellas visibles, no hay muertos, no hay derramamientos de sangre, pero, ¿nos hemos detenido a analizar lo que representa cada lempira desviado? Las víctimas de estos crímenes se encuentran en las sombras, cada hospital que no se construye, cada paciente que muere por falta de medicamentos, cada escuela que no recibe los recursos necesarios. Sus efectos suelen ser silenciosos, pero devastadores, aceleran la continua disminución de la calidad de vida de la población.
Los delitos de cuello blanco, generalmente son cometidos por aquellos de “manos limpias”, quienes son los supuestos encargados de velar por el cumplimiento de la ley. Ante esta realidad, es inegable que la lucha contra la corrupción y los delitos de cuello blanco, no puede redurcirse a meros discursos baratos y promesas de campaña. Honduras urge de instituciones sólidas y de auténtica voluntad política para trabajar con firmeza en la lucha contra la corrupción. Mientras estas conductas se sigan normalizando y tratando como “mala administración” o “irregularidades” en lugar de ser tratadas con la seriedad que merecen, seremos la población quienes seguiremos pagando el verdadero costo de sus actos.
