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Por 30 días, el Gobierno absorberá el impuesto al diésel para aliviar el bolsillo de los hondureños

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Por 30 días, el Gobierno absorberá el impuesto al diésel para aliviar el bolsillo de los hondureños

El Gobierno de Honduras anunció una serie de medidas temporales orientadas a reducir el impacto del incremento de los combustibles en la economía de los ciudadanos. Entre las disposiciones destaca la absorción total del Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) aplicado al diésel, beneficio que entrará en vigor a partir del lunes y tendrá una duración de 30 días.

La decisión permitirá que los consumidores no paguen el impuesto de 12 lempiras por cada galón de diésel durante el período establecido. Según las autoridades del sector energético, la medida busca amortiguar el efecto de las fluctuaciones internacionales del petróleo y evitar que el aumento de los precios continúe afectando directamente el presupuesto de miles de familias hondureñas y sectores productivos que dependen de este combustible.

El secretario de Energía, Eduardo Oviedo, explicó que la estrategia forma parte de un paquete de contingencia diseñado para enfrentar el encarecimiento de los derivados del petróleo. Asimismo, confirmó que se mantendrá vigente el subsidio gubernamental que cubre el 70 por ciento de los incrementos aplicados a la gasolina regular, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de la población.

Además del apoyo a los combustibles líquidos, el Gobierno continuará otorgando un subsidio de 54 lempiras por cilindro de gas LPG de uso doméstico durante el mes de octubre. Con esta acción se pretende aliviar la carga económica de los hogares hondureños, especialmente aquellos de menores ingresos que utilizan este producto para la preparación diaria de alimentos.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, señaló que la absorción del ACPV será una medida estrictamente temporal, vigente por 30 días. El funcionario indicó que esta decisión representa un sacrificio fiscal para el Estado, ya que implica renunciar a importantes ingresos tributarios con el propósito de brindar un alivio inmediato a los consumidores frente al aumento sostenido de los combustibles en el mercado internacional.

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