La República de Honduras obtuvo un resultado favorable en una controversia internacional luego de que un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinara que no tenía competencia para conocer la demanda presentada por la empresa mexicana JLL Capital contra el Estado hondureño.
La reclamación buscaba una indemnización de 460 millones de dólares, argumentando supuestas afectaciones a una inversión relacionada con la subsidiaria CA Capital. Según la Procuraduría General de la República (PGR), la compañía sostenía que sus derechos habían sido vulnerados tras un proceso judicial desarrollado en Honduras.
Durante el proceso, la defensa del Estado presentó objeciones sobre la jurisdicción del tribunal, señalando que el caso estaba vinculado a servicios financieros que no están contemplados dentro de las protecciones establecidas en el tratado comercial invocado por la empresa demandante.
Tras analizar los argumentos expuestos por ambas partes, el tribunal arbitral resolvió por mayoría que carecía de competencia para conocer la controversia, dejando sin efecto la solicitud de arbitraje y dando por concluido el procedimiento internacional.
El procurador general, Dagoberto Aspra, destacó que la resolución representa una noticia positiva para el país, ya que Honduras no ha sido condenada a realizar ningún pago derivado de la demanda.
