Las recientes medidas adoptadas por el Congreso Nacional para combatir frontalmente a las estructuras terroristas se podrían ver afectadas al no tener claro de dónde se financiarán los costos económicos que se necesitan y además la debilidad infraestructura tecnológica y operativa que sufren los entes policiales y militares.
Diversos sectores han advertido que, aunque las reformas buscan fortalecer la lucha contra organizaciones criminales y grupos considerados terroristas, la efectividad de estas acciones dependerá de la capacidad del Estado para dotar de recursos suficientes a las instituciones encargadas de ejecutarlas. Sin financiamiento definido, la implementación de nuevas estrategias podría enfrentar serias limitaciones.
Especialistas en seguridad señalan que uno de los principales desafíos radica en la falta de tecnología especializada para labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento de estructuras criminales. Asimismo, destacan la necesidad de modernizar equipos, sistemas de comunicación y herramientas de investigación para responder a las nuevas modalidades del crimen organizado.
A esta situación se suman las carencias operativas que enfrentan tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, instituciones que requieren mayores inversiones en capacitación, logística y equipamiento. Analistas consideran que, sin una planificación financiera clara y un fortalecimiento institucional sostenido, las medidas aprobadas podrían no alcanzar los resultados esperados en la lucha contra estos grupos
