El Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, junto a otros exintegrantes de la desaparecida Comisión Permanente. La confirmación fue dada a conocer por el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, marcando un giro determinante en las investigaciones sobre las decisiones normativas adoptadas durante la crisis institucional y política que atravesó el Parlamento en el año 2023.
Las indagaciones judiciales se centran en presuntas irregularidades en el desempeño de la Comisión Permanente y en los cuestionamientos sobre el alcance de sus atribuciones constitucionales. Entre los hechos clave que sustentan la acusación figuran los nombramientos interinos de Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal general adjunto en noviembre de 2023, decisiones tomadas por este ente en medio de un severo bloqueo parlamentario que impedía consensos en la Cámara Legislativa.
El expediente salpica a una amplia nómina de figuras políticas y legisladores actuales y anteriores. Entre los señalados se encuentran Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire, además de congresistas activos como Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña. Al tratarse de funcionarios y exfuncionarios, la causa fue remitida a la CSJ bajo el procedimiento legal especial aplicable.
