La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, ha desatado una nueva controversia institucional al desconocer una resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y ordenar la impresión urgente de las papeletas electorales para diputados en los departamentos de Olancho y Valle, a pesar de que el TJE había ordenado suspender dicho proceso.
El CNE, informó este martes que ante la ausencia de una resolución por parte del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se procederá de manera urgente a la impresión de papeletas electorales a nivel lectivo de diputados para estos dos departamentos.
El pasado 9 de octubre, el TJE resolvió suspender la impresión de papeletas en ambos departamentos debido a recursos de apelación pendientes: En Olancho, por el caso del diputado Jorge Luis Cálix, del Partido Liberal (PLH).
Asimismo, en Valle, por la candidatura de Cristian Adalid Villalobos, del Partido Nacional (PNH), quien fue impugnado por haber participado previamente como suplente en las primarias.
La resolución fue aprobada por mayoría en el pleno del TJE, con el respaldo de los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, aunque el magistrado Mario Morazán cuestionó su legalidad alegando falta de quórum.
CNE desafía la orden y ordena impresión
En un oficio firmado por Hall, el CNE instruyó a los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López a proceder con la impresión de las papeletas, argumentando que el PLH y el PNH no presentaron sustituciones para los candidatos renunciantes dentro del plazo legal.
La espera de una resolución del TJE pone en riesgo el cronograma electoral, a solo 41 días de las elecciones generales del 30 de noviembre.
La orden del TJE es “materialmente imposible de cumplir” sin afectar el derecho al sufragio de los ciudadanos de Olancho y Valle.
Este episodio refleja una fractura institucional preocupante entre los dos órganos máximos del sistema electoral hondureño. Mientras el TJE busca garantizar la legalidad de las candidaturas, el CNE prioriza la logística y el cumplimiento del calendario electoral.
El resultado: una colisión de competencias que pone en entredicho la estabilidad del proceso.
La decisión de Hall podría tener consecuencias graves:
- Judicialización del proceso electoral, si los candidatos impugnados son excluidos sin resolución firme.
- Confusión entre votantes, si las papeletas impresas no reflejan las candidaturas definitivas.
- Desgaste institucional, al evidenciarse una falta de coordinación y respeto entre órganos electorales.
En un momento clave para la democracia hondureña, el país enfrenta un dilema: garantizar elecciones a tiempo o asegurar que cada paso del proceso se apegue estrictamente a la legalidad. La ciudadanía observa con preocupación cómo las tensiones entre el CNE y el TJE amenazan con empañar la transparencia y credibilidad de los comicios.
