El informe Estado de país 2025, Seguridad y Justicia, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), reveló que, a pesar del aumento del presupuesto destinado a las secretarías de Seguridad y Defensa, los problemas de criminalidad y violencia siguen afectando gravemente a la ciudadanía hondureña.

Promesas incumplidas y aumento presupuestario
El análisis indica que, de los ocho principales compromisos incluidos en el Plan de gobierno para refundar Honduras (2022-2026), solo uno ha sido cumplido, dos están en proceso y cinco siguen sin cumplirse.
A pesar de que el presupuesto para Seguridad y Defensa aumentó en 61 % y 18.7 %, respectivamente, en comparación con el período 2019-2021, la violencia y la criminalidad continúan siendo un problema grave.
Extorsión y estado de excepción
La extorsión sigue siendo una de las principales amenazas para las familias hondureñas. En 2024, el 11.6 % de la población reportó haber sido víctima de este delito, con mayor afectación en los departamentos de Intibucá (18.2 %), Atlántida (15.8 %), Colón (15.2 %), Choluteca (14.8 %), Francisco Morazán (14.5 %) y Cortés (12.4 %).
El estado de excepción, instaurado en diciembre de 2022 como parte de la guerra contra la extorsión, ha generado más de 700 denuncias contra agentes del orden público. Además, esta medida excepcional pone en riesgo la democracia en el contexto del proceso electoral de 2025.

Impunidad y violencia
El informe también destaca un incremento del 165 % en las denuncias de lavado de activos y un índice de impunidad del 89 % en estos casos.
A pesar de que la tasa de homicidios en 2024 descendió a 25 por cada 100,000 habitantes, Honduras sigue teniendo la tasa más alta de Centroamérica, con una impunidad del 91 %.
Además, el fenómeno de las muertes múltiples ha aumentado significativamente. Entre 2022 y 2024, se registraron 127 muertes múltiples, dejando 500 personas fallecidas.
En lo que va de 2025, ya se han registrado 13 masacres, con 46 víctimas, lo que representa un aumento del 160 % respecto al mismo período de 2024.
El informe de la ASJ evidencia que el incremento presupuestario no ha generado mejoras sustanciales en la seguridad y justicia ciudadana.
La falta de estrategias efectivas y sostenibles sigue siendo el principal obstáculo para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de la población hondureña.

“No vamos bien”
Nelson Castañeda, director de Justicia y Seguridad de ASJ, señaló que Honduras no va bien.
Ejemplificó que el Gobierno se jacta de que antes se asesinaba a una mujer cada 26 horas y ahora se hace cada 29 horas, si bien se obtuvo una ganancia de tres horas, este avance no es nada significativo cuando los crímenes siguen estando en la impunidad, reflexionó.
Recordó que Honduras aumentó su presupuesto en Seguridad, pero este aumento no se refleja en los resultados.
Guatemala y Colombia también bajaron sus tasas de homicidios en el último año y no se encuentran bajo un estado de excepción como sí lo está Honduras, dijo.
Acentuó que 304 mil hogares hondureños son víctimas de la extorsión y que 54 mujeres han sido asesinadas en el país este año, al final el país continúa siendo el más violento de Centroamérica ¿y el aumento al presupuesto de Seguridad?, cuestionó.