El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) ha alertado sobre múltiples amenazas que podrían comprometer la transparencia, legitimidad y estabilidad del proceso electoral en Honduras.
En su informe titulado Lecciones y Aprendizajes del Proceso Electoral Primario y los Riesgos para las Elecciones Generales de Noviembre en Honduras, el organismo señala que, lejos de corregirse las deficiencias evidenciadas en las elecciones primarias de marzo, los problemas estructurales, operativos y políticos se han profundizado.
El estudio, basado en estándares internacionales de derechos humanos y una observación rigurosa del proceso electoral, identifica diez riesgos clave agrupados en cinco categorías: institucionales, logísticos, de gobernanza, de seguridad y de transparencia. Entre los más preocupantes destacan:
Aprobación tardía del presupuesto electoral, lo que impide contrataciones estratégicas como el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) y la auditoría externa.
Déficit grave en la capacitación de custodios informáticos y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con improvisación en la formación técnica y brechas digitales, especialmente en zonas rurales.
Ausencia de protocolos técnicos y reglamentos especiales, lo que genera vacíos legales que favorecen decisiones discrecionales y conflictos entre actores políticos.
Fallas logísticas en la entrega de materiales electorales, como las registradas en marzo, que derivaron en retrasos de más de 12 horas y protestas ciudadanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Fragmentación del Consejo Nacional Electoral (CNE), marcada por divisiones partidarias internas, renuncias de personal técnico y una creciente pérdida de legitimidad.
Opacidad en las contrataciones públicas, incluyendo un caso de presunto fraude por más de 64 millones de lempiras, actualmente bajo investigación del Ministerio Público.
Débil fiscalización del financiamiento político, con baja presentación de informes financieros, falta de sanciones efectivas y bloqueo del acceso público a los datos de aportantes.
Polarización legislativa y uso político de la Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional, sin garantías de debido proceso ni control jurisdiccional.
Interferencia del sistema de justicia en el proceso electoral, con investigaciones que podrían derivar en destituciones o paralización del CNE.
Incremento de la violencia electoral, con al menos 15 casos documentados entre asesinatos, atentados y amedrentamientos a candidatos y simpatizantes.
Advertencias y recomendaciones
El informe advierte que las condiciones actuales podrían generar un contexto de desconfianza, improvisación institucional y posible desestabilización política en las elecciones generales del 30 de noviembre. Ante esta situación, el CESPAD propone una serie de medidas urgentes:
Establecer un pacto interpartidario mínimo para garantizar elecciones limpias y recuperar la conducción institucional del proceso electoral.
Aprobar de inmediato el presupuesto electoral y garantizar la ejecución técnica del cronograma.
Emitir y publicar con urgencia todos los reglamentos técnicos y protocolos especiales pendientes, involucrando a partidos, observadores y ciudadanía.
Cumplir con las obligaciones legales de transparencia y fiscalización, asegurando el acceso público a la información sobre financiamiento político.
Fortalecer la seguridad electoral, con medidas de protección para candidatos y votantes en zonas de alto riesgo.
El informe del CESPAD subraya la necesidad de tomar medidas inmediatas para evitar una crisis electoral que podría afectar la estabilidad democrática del país. La falta de correcciones oportunas y la persistencia de los riesgos identificados podrían generar un proceso electoral marcado por la incertidumbre y la desconfianza ciudadana.
