Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la celebración de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el próximo martes, para abordar la situación de las Elecciones Generales en Honduras, previstas para el domingo 30 de noviembre.
En su petición, los países señalaron que la Secretaría General de la OEA y la Misión de Observación Electoral en Honduras han advertido públicamente sobre riesgos crecientes para la autonomía de las instituciones electorales, retrasos en los preparativos y amenazas tanto a funcionarios como a los procesos electorales. “Estos acontecimientos merecen toda la atención del Consejo”, subrayaron en el escrito.
La solicitud se formalizó tras las recientes preocupaciones expresadas por la organización, que exigió respeto a la independencia electoral hondureña.
El contexto interno se ha visto marcado por tensiones
El fiscal general, Johel Zelaya, pidió un antejuicio contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusada de “conspiración” contra el proceso.
Las diferencias entre ambos órganos, motivadas por intereses partidarios, han acentuado la incertidumbre de cara a los comicios.
La Fiscalía, señalada por sectores de responder a intereses del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), ha amenazado con cárcel a los funcionarios, lo que eleva el riesgo de interferencia política directa en instituciones que deberían ser imparciales.
Los cinco países reiteraron su compromiso con la defensa de las normas democráticas, para que el pueblo hondureño pueda “votar libremente, con seguridad y en el plazo previsto”.
Además, pidieron al Gobierno de Honduras facilitar una presentación de los miembros del CNE y del TJE, y llamaron a las autoridades a actuar “escrupulosa y fielmente dentro del marco constitucional y jurídico”.
La solicitud internacional refleja la preocupación creciente por la fragilidad institucional en Honduras. Que cinco países pidan una sesión extraordinaria en la OEA evidencia que el proceso electoral no solo enfrenta desafíos internos, sino también un escrutinio externo que cuestiona su credibilidad.
El hecho de que la Fiscalía amenace con cárcel a consejeros y magistrados, en medio de acusaciones de parcialidad política, coloca al sistema electoral en una posición vulnerable. La independencia de los órganos encargados de garantizar elecciones libres y transparentes parece debilitada, lo que aumenta la desconfianza ciudadana y la presión internacional.
La crítica central es que, mientras el discurso oficial insiste en que habrá elecciones en tiempo y forma, las acciones judiciales y las pugnas partidarias ponen en duda la imparcialidad del proceso. La intervención de la OEA se convierte así en un llamado de alerta: sin instituciones sólidas y autónomas, la democracia hondureña corre el riesgo de ser percibida como manipulada o condicionada por intereses políticos.
