El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de su directora ejecutiva Gabriela Castellanos, calificó como un “fracaso total” el Estado de Excepción vigente en el país desde diciembre de 2022.
Esta medida, implementada con el objetivo de combatir la violencia y el crimen organizado, ha sido objeto de fuertes críticas debido a su aparente ineficacia para reducir los índices de violencia.
Castellanos expresó su preocupación por el incremento de la violencia en el país, señalando que las medidas excepcionales no han logrado frenar los homicidios ni garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), desde la implementación del Estado de Excepción se han registrado múltiples homicidios en 16 de los 18 departamentos del país, afectando tanto a hombres como a mujeres y niños.
Además, Castellanos destacó que la violencia no solo persiste en las zonas tradicionalmente conflictivas, sino que se ha extendido a otras áreas del país.
También cuestionó la falta de avances en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa que, según ella, ha quedado en el discurso sin acciones concretas.
Por su parte, el Gobierno ha defendido la medida, argumentando que ha permitido reducir la tasa de homicidios y realizar importantes capturas y decomisos. Sin embargo, las críticas del CNA y otros sectores reflejan una creciente insatisfacción con los resultados obtenidos hasta ahora.
Este debate pone de manifiesto la necesidad de evaluar la efectividad de las políticas de seguridad y buscar soluciones integrales que aborden las causas profundas de la violencia en Honduras.
