En lo que va del 2024 Honduras registran 534 muertes violentas de adolescentes y jóvenes, a pesar de una reducción del 12% en comparación con el año 2023, reveló Wilmer Vásquez, director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden).
“Cerramos el 2022 con 569 muertes violentas en este grupo etario; el 2023 con 713, y en lo que va de este año 2024 ya contamos 534 asesinatos”, afirmó Vásquez.
Según Vásquez, esta disminución, equivalente a 75 muertes menos que el año anterior, no es suficiente para frenar la preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, que advierten sobre los efectos devastadores en la juventud y la niñez.
A pesar de la reducción, destacó que el promedio de muertes violentas de adolescentes y jóvenes sigue siendo alto. “Nos enfrentamos a entre 50 y 60 muertes mensuales; es inaceptable en una sociedad como la nuestra”, enfatizó.
De igual manera, Vásquez resaltó que la violencia impacta de forma directa en la niñez y adolescencia, quienes no solo son las víctimas de esta violencia, sino también el presente y futuro de Honduras.
Necesidad de mayores acciones
Además, el director de Coiproden reconoció los esfuerzos del gobierno de la presidenta de Honduras en la implementación de un sistema integral de garantías de derechos de la niñez y adolescencia, así como en la prevención de la violencia.
Sin embargo, consideró que las medidas aún son insuficientes. “Honduras es un país joven, con más del 70% de la población menor de 30 años, y aunque vemos una reducción general en los índices de violencia, no es tan significativa como quisiéramos en el caso de la niñez y la juventud”, explicó.
Al respecto, Vásquez detalló el impacto directo de la violencia hacia los menores, quienes se ven forzados a desplazarse o incluso emigrar para escapar de la situación.
“Los niños y adolescentes están siendo cooptados por el crimen organizado, las maras y el narcotráfico, o bien obligados a moverse de una ciudad a otra. Muchos pierden la vida en el intento, y otros se ven forzados a emigrar en condiciones extremas para evitar ser violentados en sus derechos”, señaló.
Un llamado a la acción
Ante tal afectación, el director de Coiproden insistió en la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, con el fin de llevar adelante una política de prevención de violencia efectiva en todo el país.
“Este es un problema del Estado y de toda la sociedad”, afirmó Vásquez, haciendo hincapié en la importancia de que el Consejo de Prevención de Violencia hacia Niñez y Juventud se fortalezca y ejecute de manera efectiva la Política Nacional de Prevención de Violencia.
Vásquez también hizo un llamado a los medios de comunicación, instándolos a asumir una mayor responsabilidad en la sensibilización y prevención de la violencia.
“Necesitamos campañas permanentes que lleguen a todo el territorio nacional. La sociedad hondureña debe entender la gravedad de esta situación y sumarse a los esfuerzos de prevención”, enfatizó.
Exigencia de justicia
Finalmente, el representante Coiproden mostró su indignación ante los recientes actos de violencia contra menores en el país, particularmente por la muerte violenta de un menor de 10 años en El Paraíso, en el oriente de Honduras, por lo que insistió en que se debe acabar con el círculo de violencia y garantizar justicia para las víctimas.
“Repudiamos sin duda estos actos violentos y hacemos un llamado a las autoridades para que actúen de oficio, profundicen las investigaciones y deduzcan responsabilidades a quienes cometan estos crímenes”, concluyó.
El director de Coiproden subrayó que la situación de violencia en Honduras debe ser tratada como una emergencia nacional, con acciones inmediatas y efectivas para proteger a la niñez y juventud del país.
