Este miércoles, Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero que desvió millones de dólares destinados a la seguridad pública de Honduras.
El cambio de declaración, formalizado ante el magistrado juez Edwin G. Torres, abre la puerta para que la Corte programe la audiencia de sentencia, donde se definirá la pena que deberá cumplir.
La decisión también refuerza el caso del Departamento de Justicia contra otros implicados en la red.
El esquema, que comenzó en 2015, involucró contratos inflados con empresas extranjeras, acuerdos de intermediación ficticios y el uso de compañías fachada en Belice y Florida para canalizar sobornos.
Cosenza, junto con otros implicados, manipuló fondos públicos bajo el pretexto de mejorar la seguridad nacional, mientras enriquecía a una red de funcionarios y empresarios.
La Fiscalía estima que más de 10 millones de dólares fueron comprometidos en contratos bajo sospecha.
Este caso no solo tiene implicaciones legales, sino también éticas y políticas. La corrupción en el manejo de la Tasa de Seguridad —un fondo creado para proteger a la ciudadanía frente a la violencia— representa una traición directa a la confianza pública.
Mientras la población enfrentaba inseguridad, los recursos destinados a fortalecer a la Policía Nacional eran desviados para beneficio personal.
La declaración de culpabilidad de Cosenza también fortalece el caso del Departamento de Justicia de EE.UU. contra otros miembros de la red, lo que podría desencadenar nuevas revelaciones y condenas.
Sin embargo, en Honduras, el impacto va más allá de lo judicial: este escándalo profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones, especialmente en aquellas encargadas de velar por la seguridad y el orden.
La sentencia que se dictará próximamente podría incluir una condena significativa y el decomiso de bienes, pero la verdadera reparación solo llegará si se emprenden reformas profundas en la gestión de fondos públicos, se fortalecen los mecanismos de control y se garantiza que quienes cometen estos delitos enfrenten consecuencias reales.
