La crisis electoral que atraviesa Honduras desde las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se ha profundizado tras la petición de la presidenta Xiomara Castro al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que inicie “de inmediato” un recuento voto por voto, pese a que el organismo ya oficializó los resultados en diciembre.
La solicitud fue aprobada en una reunión del Consejo de Ministros, con la participación del presidente ilegal del Congreso Nacional, Luis Redondo, principal impulsor de la iniciativa.
Previamente, en una sesión extraordinaria del Parlamento, sin la presencia de más de 70 diputados opositores —a quienes se les negó el ingreso, según sus denuncias—, una minoría de legisladores del partido gobernante Libre aprobó el decreto que ordena el nuevo escrutinio.
El decreto fue sancionado por Castro y publicado de inmediato en el diario oficial La Gaceta, generando fuertes cuestionamientos de la oposición, juristas, analistas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes lo consideran improcedente, dado que el CNE ya declaró como presidente electo al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, el 24 de diciembre, y presentó el informe final el 31 del mismo mes.
Un proceso marcado por la desconfianza
El recuento de votos ha estado plagado de retrasos, problemas técnicos y acusaciones de fraude. Todo el material electoral permanece bajo custodia de las Fuerzas Armadas en el centro logístico del CNE en el Infop de Tegucigalpa, institución que ha reiterado que respetará la declaración oficial del ente electoral y que el 27 de enero se dará la transición de poder.
Sin embargo, Redondo insistió en que, de no iniciar el recuento, el Congreso Nacional asumirá la tarea, lo que abre un debate sobre la separación de poderes y la legitimidad de las instituciones.
Advertencias internacionales y tensiones diplomáticas
La crisis tomó un giro internacional cuando el Gobierno de Estados Unidos advirtió de “severas consecuencias” ante cualquier intento de revertir la elección. “Las voces de 3,8 millones de hondureños han hablado y el CNE ha certificado los resultados”, señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en la red social X.
En respuesta, Castro invitó al presidente estadounidense Donald Trump a sostener un “diálogo directo y franco” sobre el proceso electoral, acusando que sus pronunciamientos públicos en favor de Asfura influyeron negativamente en el desarrollo democrático y afectaron a la candidata de Libre, Rixi Moncada.
La insistencia en un nuevo recuento, pese a la oficialización de los resultados, refleja una estrategia política que erosiona la institucionalidad y genera incertidumbre en la ciudadanía.
La exclusión de diputados opositores en el Parlamento, la aprobación del decreto por una minoría y la presión del Ejecutivo sobre el CNE son señales de un deterioro democrático que coloca al país en una encrucijada crítica.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación y la sociedad hondureña enfrenta el riesgo de que la voluntad popular expresada en las urnas sea sometida a intereses políticos, debilitando aún más la confianza en el sistema electoral.
