En lo que va del año, el Ministerio Público (MP) ha registrado la salida temporal o definitiva de al menos 30 fiscales, una cifra que enciende las alarmas sobre la capacidad institucional del ente encargado de velar por la legalidad en Honduras.
La presidenta de la Asociación de Fiscales de Honduras, Elky Alvarado, confirmó que estas renuncias y solicitudes de licencia están afectando directamente la atención de casos en todo el país.
Según datos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el MP cuenta actualmente con 797 fiscales activos, 28 menos que en 2024. Esto implica que cada fiscal atiende, en promedio, a 13 mil personas, una carga insostenible en cualquier sistema judicial.
La reducción de personal no solo representa una pérdida de talento humano, sino que también incrementa la presión sobre los fiscales que permanecen en funciones, quienes deben enfrentar un volumen creciente de denuncias sin el respaldo necesario.
Alvarado advirtió que, de no tomarse medidas urgentes, procesos investigativos clave podrían quedar rezagados o incluso paralizados.
La Asociación de Fiscales propone como solución inmediata la contratación de nuevo personal, lo cual requiere una ampliación del presupuesto asignado al MP. “El Fiscal General tiene que priorizar la contratación de más fiscales para responder a la demanda ciudadana de justicia, pero para ello es indispensable asignar más recursos”, enfatizó Alvarado.
Un reflejo del debilitamiento institucional
Más allá de los números, esta situación revela un escenario de debilitamiento institucional. La falta de personal, sumada a la presión política y social sobre el Fiscal General, pone en evidencia que el MP opera con recursos humanos y financieros limitados, lo que compromete su capacidad de respuesta ante la impunidad y la corrupción.
Mientras no se concrete la contratación de más fiscales, la carga de trabajo seguirá en aumento, y con ella, el riesgo de que la justicia se vuelva inaccesible para miles de hondureños. La decisión de reforzar el equipo del MP dependerá de la voluntad política de las autoridades para asignar un presupuesto acorde a las necesidades reales del país.
La salida de 30 fiscales en 2025 no es solo una estadística: es un síntoma de una crisis que podría escalar si no se atiende con seriedad. La justicia no puede esperar, y cada día sin acción representa un expediente más sin respuesta, una víctima más sin reparación y una sociedad más vulnerable ante el delito.
