Tal como lo anunció Nicolás Maduro, la narcodictadura venezolana liberó a 13 líderes de oposición que permanecían como presos políticos, con esto se cumple la primera parte del ofrecimiento del dictador.
La liberación de presos políticos ha sido presentada como un acto de buena voluntad.
Entre los liberados figuran líderes opositores, activistas sociales y exautoridades locales que, durante meses o incluso años, fueron privados de libertad bajo cargos que organismos internacionales han calificado de arbitrarios.
La medida, anunciada por el propio Maduro, se produce en un contexto de creciente presión diplomática, con gobiernos europeos y Estados Unidos intensificando sus llamados a una transición democrática.
Sin embargo, el gesto no puede analizarse en el vacío. Venezuela sigue siendo un país donde más de 800 personas permanecen encarceladas por razones políticas, según el Foro Penal.
Cinco de los liberados ni siquiera han recuperado plenamente su libertad: se les ha impuesto arresto domiciliario, lo que evidencia que el control sigue intacto.
¿Qué busca el régimen?
Maduro no ha dado señales claras de estar dispuesto a abandonar el poder. Su anuncio de liberar presos políticos parece más una maniobra calculada que una concesión genuina.
En el tablero internacional, cada gesto cuenta, y el régimen sabe que necesita oxígeno político para resistir las sanciones, el aislamiento y el creciente descontento interno.
La narrativa oficial habla de “reencuentro nacional”, pero la realidad apunta a una estrategia de legitimación. Liberar a unos pocos mientras se mantiene el aparato represivo intacto no es reconciliación: es cosmética política.
¿Y la oposición?
La oposición ha recibido la noticia con cautela. Henrique Capriles, entre otros, ha celebrado el gesto pero ha insistido en que no debe haber ni un solo preso político en Venezuela. La liberación parcial no puede convertirse en moneda de cambio ni en excusa para normalizar lo que sigue siendo una dictadura.
El desafío de fondo
Venezuela necesita mucho más que gestos. Requiere garantías institucionales, justicia independiente, elecciones libres y respeto pleno a los derechos humanos. Mientras el poder se mantenga concentrado y la represión siga siendo una herramienta de gobierno, cualquier liberación será insuficiente.
