El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este sábado detención judicial contra el coronel, José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, y otras ocho personas acusadas de participar en un esquema de lavado de activos y estafa en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).
Los nueve imputados fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán, donde permanecerán bajo resguardo mientras avanza el proceso penal. La audiencia inicial fue programada para el miércoles 3 de septiembre a las 9:00 a.m.
Captura y antecedentes del caso
José Amílcar Hernández, coronel retirado y abogado, fue capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en su residencia ubicada en Las Casitas, Tegucigalpa.
La operación incluyó siete allanamientos simultáneos en los departamentos de Francisco Morazán y Comayagua, dirigidos contra una red de directivos, empleados y bufetes privados vinculados al desfalco de fondos de la cooperativa.
Según el Ministerio Público, los imputados habrían cobrado sumas millonarias por consultorías y servicios legales que nunca se ejecutaron. El esquema fraudulento operó mediante la suscripción de contratos falsos, causando un perjuicio económico estimado en más de 37 millones de lempiras.
La cooperativa COMIXMUL, fundada en 1986 para apoyar a mujeres emprendedoras, fue víctima de una red que operó desde 2015, desviando fondos mediante acciones fraudulentas coordinadas entre abogados, directivas y empleados.
Además de Hernández, los otros detenidos son: Alejandra María Suárez, Sandra Fuentes, María Antonia Juárez, Yolanda Coca Alvarado, Magda López, Dilía López, Iris Karina Ramírez y Jorge Alberto Juárez3. Todos enfrentan cargos por lavado de activos, estafa impropia agravada y apropiación indebida agravada continuada.
La detención de José Amílcar Hernández, hermano mayor del expresidente JOH —quien enfrenta juicio por narcotráfico en Estados Unidos— ha generado fuerte atención pública y connotación política. Abogados defensores han cuestionado la decisión judicial, señalando que Hernández se encuentra en silla de ruedas y requiere cuidados especiales.
