La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó una grave acusación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien calificó como “narcoterrorista” y líder de una organización criminal transnacional.
En una entrevista con Fox News, Bondi aseguró que el régimen venezolano paga por el uso del espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México para establecer un “puente aéreo” que facilita el tráfico de drogas al territorio estadounidense.
Según Bondi, Maduro y sus aliados han convertido el espacio aéreo centroamericano en una vía libre para el transporte de cocaína, mezclada con fentanilo, una combinación letal que según la funcionaria, “está matando estadounidenses”.
La fiscal detalló que el régimen venezolano paga sobornos para garantizar que las aeronaves no sean detectadas, y que también intercambian dinero por armas y acceso a puertos estratégicos.
La denuncia incluye vínculos con cárteles como el Tren de Aragua, el de Sinaloa y otros grupos criminales que operan en la región. Además, se señala que Maduro estaría financiando a terroristas colombianos para aumentar la producción de cocaína, lo que refuerza la tesis de una red criminal internacional con ramificaciones en varios países del continente.
Recompensa millonaria y activos confiscados
Bondi anunció que la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro ha sido duplicada a 50 millones de dólares, calificándolo como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.
Hasta la fecha, EE. UU. ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al mandatario venezolano, incluyendo aviones ejecutivos, mansiones en Florida y República Dominicana, joyas, vehículos de lujo y efectivo.
Implicaciones para Honduras: ¿colusión o negligencia?
La acusación pone en entredicho la capacidad y voluntad del Estado hondureño para controlar su espacio aéreo. Aunque la Cancillería de Honduras rechazó las declaraciones de Bondi, alegando que el gobierno de Xiomara Castro lidera una ofensiva histórica contra el narcotráfico, la denuncia estadounidense plantea interrogantes serios sobre posibles omisiones, complicidades o fallas estructurales en la vigilancia aérea.
La falta de una respuesta institucional contundente y transparente ante estas acusaciones podría debilitar la imagen internacional de Honduras y abrir la puerta a presiones diplomáticas, investigaciones multilaterales y sanciones.
Este caso no solo expone la presunta red criminal de Maduro, sino también la fragilidad de los sistemas de control en Centroamérica. La existencia de un “puente aéreo” para el narcotráfico revela que las rutas del crimen organizado siguen activas y sofisticadas, aprovechando vacíos legales, corrupción y debilidad institucional.
