La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) enfrenta una nueva crisis institucional tras una serie de denuncias graves por parte de empleados que trabajan con poblaciones vulnerables.
La recién nombrada ministra Mirta Gutiérrez, quien asumió el cargo en julio tras el escándalo por desvío de fondos, es señalada por generar un ambiente laboral marcado por el miedo, el estrés y la intimidación.
Funcionarios de áreas sensibles como discapacidad y adultos mayores han manifestado su preocupación por lo que describen como una gestión autoritaria y excluyente.
Según testimonios internos, Gutiérrez habría amenazado con despidos a quienes se atrevan a denunciar irregularidades, calificando cualquier crítica como “traición al gobierno”.
Uno de los casos más alarmantes involucra el nombramiento de una nueva directora de discapacidad, quien —según los denunciantes— no cumple con el requisito legal de ser una persona con discapacidad.
La designación habría sido gestionada directamente por Gutiérrez, quien envió la hoja de vida de su amiga a Casa de Gobierno. Cuando un empleado con maestría, experiencia y discapacidad cuestionó el nombramiento, fue amenazado con despido inmediato.
LEA: Nombramiento en Sedesol revive críticas por nepotismo en el gobierno de Libre
Otra denuncia apunta a la agresión reiterada contra una trabajadora mayor en la sección de políticas públicas. El presunto agresor, identificado como amigo personal de la ministra y vinculado familiarmente con Sherly Ariaga, no ha sido sancionado.
Por el contrario, la víctima teme ser despedida, mientras el agresor continúa en funciones con aparente impunidad.
Mirta Gutiérrez, socióloga con trayectoria en derechos humanos, fue designada por la presidenta Xiomara Castro para “limpiar la imagen” de SEDESOL tras el escándalo de corrupción que involucró a su antecesor.
Sin embargo, los empleados afirman que la ministra no ha aprendido de los errores cometidos en su anterior gestión, y que ahora reproduce prácticas de exclusión, favoritismo y represión.
Llamado urgente al CONADEH
Ante estos hechos, los trabajadores han solicitado la intervención inmediata del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), exigiendo protección, investigación y garantías laborales. La situación pone en entredicho el compromiso del gobierno con la inclusión, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
La Secretaría de Desarrollo Social debería ser un espacio de dignidad, empatía y justicia para quienes trabajan por los sectores más vulnerables.
Las denuncias contra Mirta Gutiérrez no solo revelan una crisis administrativa, sino una fractura ética que amenaza con deslegitimar el propósito mismo de la institución.
