El subdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Amílcar Valdez, manifestó este lunes que la institución no procederá a publicar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los comicios generales del pasado 30 de noviembre si no recibe la orden expresa del gobierno a través de la Secretaría de la Presidencial.
Valdez explicó que la Secretaría es el canal utilizado por el actual gobierno para remitir decretos, acuerdos o documentos oficiales mediante oficios, los cuales son publicados en el diario oficial La Gaceta.
“Si nosotros recibimos un orden de la Secretaría inmediatamente tenemos que integrarnos y darle publicación”, aseguró.
El funcionario agregó que la ENAG cuenta con personal activo para realizar publicaciones en cualquier momento, incluso durante el asueto de fin de año.
Plazo del CNE
El Consejo Nacional Electoral tiene como fecha límite el martes 30 de diciembre para emitir la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025, lo que convierte este trámite en un paso crucial para cerrar el proceso electoral con legitimidad y certeza jurídica.
La postura de la ENAG abre un debate sobre la independencia y autonomía de las instituciones en el marco electoral: La publicación de la declaratoria debería ser un acto administrativo automático, derivado de la decisión del CNE, sin condicionamientos políticos.
Al supeditar la publicación a una orden del Ejecutivo, se genera la percepción de que el gobierno podría interferir o retrasar la oficialización de los resultados.
Este tipo de declaraciones alimenta la desconfianza ciudadana en el proceso electoral y en la transparencia institucional, especialmente en un contexto de alta polarización política.
La eventual demora en la publicación de la declaratoria podría tener consecuencias graves: Desgaste institucional que afecta la credibilidad del CNE y de La Gaceta como medios oficiales.
Posible crisis política, si se interpreta que el Ejecutivo está bloqueando o manipulando el proceso.
El señalamiento de Valdez refleja una peligrosa dependencia administrativa que contradice el principio de separación de poderes. En un momento en que Honduras necesita fortalecer la confianza en sus instituciones, condicionar la publicación de la declaratoria electoral a una orden del gobierno no solo es cuestionable, sino que puede ser visto como un intento de control político sobre un proceso que debería ser independiente y transparente.
