El debate político hondureño ha escalado a niveles preocupantes tras la denuncia pública del diputado liberal Mauricio Rivera, quien acusó al esposo de la candidata presidencial por el Partido Libre, Rixi Moncada, de utilizar vehículos estatales para colocar propaganda partidaria.
La respuesta del señalado, Enrique Arias, no fue una aclaración ni una defensa institucional, sino un mensaje cargado de insultos, amenazas y lenguaje vulgar.
Mauricio Rivera, diputado por Choluteca, expuso que Arias —quien también es candidato a diputado por Libre— habría utilizado vehículos del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) como si fueran de uso personal, para promover la campaña de su esposa y la suya propia.
Rivera calificó el hecho como un “abuso de poder” y un “descaro total”, advirtiendo que Honduras no es “su finca” y que este tipo de prácticas no quedarán impunes en las elecciones de noviembre.
La respuesta violenta
Lejos de ofrecer una explicación o desmentir la acusación, Enrique Arias respondió con un mensaje directo en redes sociales que incluyó expresiones como: “Hijuelag… cerdo, deja de vomitar mier… solo recordá muerto de hambre las veces que te ayudé que andabas casi asaltando en Choluteca, haciendo tratos hasta con el diablo para poder vivir. No me hagas hablar, basura, malagradecido”.
Este tipo de lenguaje, además de ofensivo, revela una preocupante falta de respeto hacia el debate democrático y a la ciudadanía que espera respuestas, no agresiones.
La reacción de Arias no solo expone su intolerancia ante las críticas, sino que también pone en evidencia la fragilidad institucional de quienes aspiran a cargos públicos. En lugar de rendir cuentas, se recurre al insulto, la descalificación personal y la intimidación. Este comportamiento no puede normalizarse en una democracia que exige transparencia, respeto y responsabilidad.
Más allá del tono vulgar, el mensaje de Arias deja entrever una relación de favores políticos y personales que contradice los principios de equidad y meritocracia. Si las acusaciones de Rivera son ciertas, estaríamos ante un caso de uso indebido de bienes públicos para fines partidarios, lo cual amerita una investigación formal por parte de las autoridades competentes.
Este episodio ocurre en un contexto electoral donde la ciudadanía demanda propuestas, soluciones y líderes capaces de dialogar con altura.
