A pesar de que el Estado de excepción cubre actualmente el 91 % del territorio hondureño, la extorsión no solo persiste, sino que se expande hacia nuevos territorios, incluyendo zonas rurales y municipios que antes eran considerados seguros.
Según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el porcentaje de hogares víctimas de extorsión aumentó de 9 % en 2022 a 11.6 % en 2024, lo que representa más de 304,000 hogares afectados.
Esta expansión del delito ha alcanzado comunidades pequeñas como Ilama, Gualala, San Miguelito y Tatumbla, donde la presencia estatal es limitada y la respuesta institucional, casi nula.
Una estrategia que no da resultados
El Estado de Excepción, implementado desde diciembre de 2022 y renovado en más de 20 ocasiones, fue presentado como la principal herramienta del gobierno para combatir el crimen organizado.
Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada por su legalidad, falta de planificación técnica y escasos resultados tangibles.
Mientras tanto, comerciantes, transportistas y productores rurales denuncian ser blanco de amenazas, cobros ilegales y violencia, lo que ha generado un clima de miedo e incertidumbre que paraliza la economía local.
Crítica: ¿Seguridad o simulacro?
La expansión de la extorsión en plena vigencia del Estado de Excepción revela una desconexión profunda entre la narrativa oficial y la realidad en las calles. Las autoridades han priorizado la militarización y las capturas masivas, pero han descuidado la inteligencia criminal, la protección a víctimas y la desarticulación de redes extorsivas.
Además, la disminución en las denuncias no refleja una mejora en la seguridad, sino una creciente desconfianza de la población hacia las instituciones encargadas de protegerla.
Esta situación plantea serios desafíos para la estrategia de seguridad nacional, ya que la dispersión del delito complica su control. Mientras tanto, las víctimas claman por acciones efectivas que les devuelvan la tranquilidad y garanticen el libre ejercicio de sus actividades sin ser blanco de la criminalidad.
La extorsión se ha convertido en un cáncer que se propaga sin control, alimentado por la impunidad, la debilidad institucional y la falta de una estrategia integral.
El Estado de Excepción, lejos de ser una solución, se ha convertido en un símbolo de improvisación y fracaso. Mientras tanto, miles de hondureños viven bajo amenaza, pagando por su derecho a trabajar, a circular y a vivir en paz.
