Este viernes se dio a conocer que la licitación para construir la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, fracasó por falta de garantías bancarias.
De doce empresas que iniciaron el proceso de licitación, al final solamente quedaron dos, una internacional y otra nacional, dijo el director de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y titular de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, coronel Ramiro Muñoz.
Muñoz agregó que la empresa internacional no calificó porque sus garantías bancarias las tiene en bancos extranjeros.
Según Muñoz, la licitación se inició con doce empresas, de las que seis presentaron su documentación y de ellas una se retiró, quedando solamente cinco.
Licitación
En el proceso, de las cinco finalistas quedaron tres, pero una de ellas se retiró “también por falta de garantías”, explicó el alto oficial de las Fuerzas Armadas.
Ante el fracaso de la licitación, se convocará a un nuevo proceso que deberá estar concluido a más tardar en dos semanas, en el que incluso podrán participar algunas de las empresas que ya lo hicieron en el primer intento, afirmó Muñoz.
Señaló además que para la segunda licitación serán invitados varios entes de transparencia para que sean veedores del proceso.
El anuncio de la construcción de una cárcel para 2.000 privados de libertad de “alta peligrosidad en las Islas del Cisne”, un parque nacional marino situado a 250 kilómetros de tierra firme, lo hizo a finales de 2023 la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Otra centro penitenciario
También anunció otra cárcel, para 20.000 personas, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, el segundo al este, en el Caribe, limítrofes con Nicaragua, como parte de un plan para reducir la violencia y el crimen organizado en el país centroamericano.
La prisión en las Islas del Cisne tendrá un costo de 2.000 millones de lempiras (unos 80 millones de dólares) y debería estar terminada en un año, según las proyecciones oficiales.
Desde que Castro anunció la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, biólogos, ambientalistas, defensores de derechos humanos y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), entre otros sectores, se han pronunciado en contra por el “grave daño ambiental” que se le causará al parque marino.
También se ha manifestado en contra de las dos prisiones anunciadas por la mandataria hondureña, la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), Isabel Albaladejo, quien a inicios de julio dijo que «podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario».
Indicó además que con las dos cárceles se privaría a los reclusos de “derechos al contacto con el exterior, salud, garantías judiciales y protección de la vida e integridad personal”.
