Este lunes la ministra de Defensa de Honduras, Rixi Moncada, confirmó que el gobierno decidió cancelar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne.

Esta decisión se tomó después de que tres licitaciones para el proyecto fracasaran debido a la falta de garantías bancarias por parte de las empresas postulantes.
Moncada explicó que la suspensión del proyecto se debe a un “boicot” que, según ella, beneficia a grupos de narcotráfico al debilitar la seguridad en esa zona estratégica.
A pesar de la cancelación de la cárcel, la ministra aseguró que se fortalecerá la presencia militar en la Isla del Cisne para garantizar la seguridad y soberanía en la región.
Señaló que Honduras sigue siendo un país de tránsito en la ruta de la droga hacia Estados Unidos y Europa, por lo que el país ya no debe continuar en esta situación.
Por otro lado, afirmó que sus esfuerzos estarán enfocados en la construcción del centro de reclusión de emergencia (CRE) en el sector de Mocorón en el departamento de Gracias a Dios.
Se informó que se destinarán todos los recursos y esfuerzos para la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), el cual está diseñado, en su primera etapa, para albergar a 2,000 privados de libertad, clasificados según su perfil criminal como cabecillas de grupos criminales organizados dedicados al tráfico de drogas, cabecillas de maras y pandillas, así como enjuiciados por delitos de lavado de activos.

La ministra también destacó que el proyecto de construcción de una cárcel en Mocorón sigue adelante sin interrupciones.
Este proyecto es parte de las estrategias del gobierno para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en zonas fronterizas.
La decisión de cancelar la cárcel en la Isla del Cisne ha generado debate entre sectores políticos y sociales sobre las prioridades de inversión pública y los retos de seguridad en el país.
Ambientalistas y defensores del medio ambiente habían advertido sobre el impacto negativo que la construcción de la cárcel podría tener en la reserva marina de la isla.
En lugar de la cárcel, el gobierno planea fortalecer el escudo aéreo y marítimo en la Isla del Cisne mediante la instalación de una fuerza militar. Esta medida busca frenar el tránsito de drogas y garantizar la seguridad en el territorio nacional.