El Gobierno de Honduras elevó este lunes a 20 millones de lempiras la recompensa para quien proporcione información que conduzca a la captura del general retirado Romeo Vásquez Velásquez.
Este aumento representa la recompensa más alta ofrecida en la historia reciente del país, superando incluso las cifras destinadas a la captura de individuos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.
Aunque el gobierno sostiene que esta medida representa un paso firme a la justicia por los hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2009 —incluyendo el asesinato del joven Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala—, sectores críticos cuestionan si el incremento progresivo de la recompensa responde realmente a un interés genuino por esclarecer los hechos o si se trata de una estrategia para desviar la atención de otros escándalos nacionales, como el caso de la financiera Koriun.
Romeo Vásquez, quien fue detenido en enero de 2025 y posteriormente liberado bajo arresto domiciliario, evadió una audiencia judicial en marzo y desde entonces se encuentra prófugo.
En mensajes difundidos desde la clandestinidad, ha alegado ser víctima de una persecución política, acusando al gobierno de manipular pruebas en su contra y defendiendo la legalidad de sus acciones en 2009.
La recompensa, que comenzó en 500 mil lempiras en marzo, ha sido aumentada en ocho ocasiones, alcanzando una cifra sin precedentes en la historia del país. Este hecho ha convertido el caso en un símbolo de la lucha entre memoria histórica, justicia y poder político, donde la línea entre rendición de cuentas y espectáculo mediático parece cada vez más difusa.
Mientras algunos sectores celebran la medida como una señal de que la impunidad no será tolerada, otros advierten que el uso de recursos públicos para recompensas tan elevadas podría ser una cortina de humo que distrae de problemas estructurales más urgentes, como la corrupción, la inseguridad y la crisis económica.
En este contexto, la ciudadanía se enfrenta a una pregunta crucial: ¿estamos presenciando un avance hacia la justicia o una maniobra política que instrumentaliza el dolor y la memoria para fines partidarios?.
