El alcalde de Choloma, Cortés, Gustavo Mejía, otorgó el permiso de operación a la empresa Koriun Inversiones, ahora investigada por operar bajo un esquema Ponzi.
Koriun Inversiones captó dinero de más de 35,000 inversionistas sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). A pesar de ello, recibió un permiso municipal para operar en Choloma, lo que permitió su expansión en la región.
Mejía defendió su decisión, argumentando que la alcaldía actuó conforme a los procedimientos normales para cualquier establecimiento comercial. Según él, la municipalidad consultó a la CNBS antes de otorgar el permiso, pero no recibió una respuesta clara que impidiera la operación de la firma.
A pesar de múltiples advertencias públicas sobre la legalidad de Koriun, Mejía aprobó el permiso el 24 de febrero de 2025, sin la debida coordinación con las autoridades regulatorias nacionales. La CNBS ha reiterado que solo ella tiene la facultad de autorizar el funcionamiento de entidades financieras en Honduras.
El alcalde justificó su decisión afirmando que Koriun contaba con una escritura de constitución y un registro activo ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) hasta el 30 de abril de 2025. Sin embargo, estos documentos no son suficientes para que una empresa pueda operar legalmente en el sector financiero.
Reacciones y consecuencias
El permiso otorgado por Mejía ha sido fuertemente criticado por sectores de la sociedad, que argumentan que facilitó la instalación de una empresa cuyo funcionamiento no estaba en regla.
El Ministerio Público ha asegurado que Koriun operó de manera ilegal y ha ordenado la devolución del dinero a los afectados. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso y la posible responsabilidad del alcalde en la autorización de la empresa.
Este caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se definan acciones legales contra los responsables de la operación irregular de Koriun Inversiones.
