El Consejo de Ministros aprobó la extensión por 45 días más del estado de excepción, que estará vigente del 12 de noviembre al 26 de diciembre. La decisión marca un hecho histórico ya que, por primera vez, los hondureños acudirán a elecciones generales bajo esta disposición.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió la medida asegurando que busca fortalecer el combate contra el crimen organizado y que las acciones estarán limitadas a cinco delitos: crimen organizado, extorsión, secuestro y asesinato, siempre convalidadas por el Ministerio Público.
Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas de sectores defensores de derechos humanos, quienes advierten que el estado de excepción ha dejado un escenario marcado por violaciones a garantías fundamentales, según informes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
La medida, vigente desde diciembre de 2022 en la mitad del territorio nacional, ha sido señalada por organismos internacionales como preocupante.
Más de 90 países han expresado inquietud sobre la independencia electoral y la protección a defensores de derechos humanos, aunque el ministro Sánchez desestimó estas versiones, asegurando que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas garantizarán el respeto a la voluntad popular.
Crítica y cuestionamientos
Histórico pero riesgoso: celebrar elecciones bajo un estado de excepción plantea dudas sobre la plena vigencia de derechos ciudadanos como la libre movilización, reunión y protesta.
Contradicción oficial: mientras el gobierno asegura respeto a los derechos humanos, organizaciones nacionales e internacionales documentan abusos y limitaciones. La medida puede interpretarse como un debilitamiento institucional, al normalizar restricciones en un proceso que debería ser ejemplo de apertura y participación.
La preocupación de la comunidad internacional coloca a Honduras bajo escrutinio, afectando su imagen democrática en un momento clave.
El llamado oficial a participar en las elecciones como “fiesta democrática” contrasta con el temor de que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de restricciones y vigilancia, lo que abre un debate sobre la legitimidad y transparencia del proceso electoral.
