Más de seis millones de ciudadanos están convocados a las urnas en un ambiente de tensión y desconfianza.
El próximo domingo 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños acudirán a las urnas para elegir al sucesor o sucesora de la presidenta Xiomara Castro, sin embargo, el proceso electoral se desarrolla bajo fuertes cuestionamientos por denuncias de fraude, presunta intromisión de la Fiscalía y la injerencia de las Fuerzas Armadas en asuntos que competen exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y varios países de América y Europa, además de organizaciones defensoras de derechos humanos, han reclamado a las autoridades hondureñas que garanticen elecciones libres, transparentes y que el ente electoral opere de manera independiente y efectiva.
El Ministerio Público y las Fuerzas Armadas son dos de las instituciones más criticadas en este proceso. La Fiscalía ha amenazado con encarcelar a funcionarios electorales, mientras que los militares han solicitado copias de las actas presidenciales, lo que fue calificado como “injerencia” por la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, advirtió que “las denuncias de posible fraude, las actuaciones agresivas de la fiscalía y de las Fuerzas Armadas y la parálisis dentro del CNE ponen en riesgo el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas”.
En estos comicios, los hondureños escogerán entre cuatro aspirantes:
Rixi Moncada, candidata de Libre, quien se promueve como militante de un “socialismo democrático”. Salvador Nasralla, del Partido Liberal y Nasry Asfura, del Partido Nacional y un cuarto candidato independiente con menor proyección.
Las denuncias cruzadas de fraude no son nuevas en Honduras, pero lo inédito es que tanto oficialismo como oposición las planteen incluso antes de las votaciones. Analistas como Filadelfo Martínez recuerdan que los tres partidos con posibilidades de ganar tienen antecedentes de fraude en sus propias elecciones internas.
Del actual fiscal, Johel Zelaya, se esperaba un cambio, pero analistas sostienen que el Ministerio Público se ha convertido en una institución “a la medida del liderazgo político”.
Las Fuerzas Armadas también han sido cuestionadas desde las elecciones primarias de marzo, cuando no cumplieron fielmente con el traslado y resguardo del material electoral. Además, declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, contra periodistas y medios de comunicación han generado preocupación sobre el rol militar en el proceso.
Más allá de las instituciones, la desinformación digital se ha convertido en una amenaza grave para la integridad electoral. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advierte que audios sin fuente, capturas falsas, videos antiguos y cadenas de rumores sobre fraude circulan en plataformas como WhatsApp, TikTok, Facebook y X, influyendo en la opinión pública más rápido que los comunicados oficiales.
La desinformación no busca informar, sino manipular emociones: miedo, enojo y desconfianza hacia candidatos y centros de votación. En un país polarizado, cualquier rumor encuentra eco y cualquier imagen fuera de contexto puede convertirse en “hecho” para miles de ciudadanos.
Una de las fortalezas del proceso es la presencia de más de 50 misiones de observación nacional e internacional, incluidas la OEA, la UE y Transparencia Electoral. Su papel será crucial no solo para vigilar las actas, sino también para monitorear el flujo de desinformación y ofrecer reportes imparciales que calmen tensiones.
En este ambiente de incertidumbre, el llamado de organizaciones civiles es claro: respirar, verificar y esperar lo oficial. La mejor defensa frente a la manipulación digital y las sospechas de fraude es proteger el voto con decisiones basadas en hechos, no en rumores.
El futuro de Honduras depende de que estas elecciones se desarrollen con transparencia y respeto a la institucionalidad. De lo contrario, el país corre el riesgo de profundizar su crisis política y debilitar aún más la confianza en la democracia.
