El último informe antidrogas 2024 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, revelo que, en Honduras, operan cuatro grandes organizaciones criminales transnacionales, declaradas como terroristas por la actual administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Esta fuerte presencia en el país dificultando el combate al narcotráfico frente a un gobierno que no tiene claras sus políticas de combate a las drogas por falta de legislación adecuada, ausencia de mandatos antinarcóticos claros entre las distintas agencias responsables de su combate, así como mecanismos efectivos orientados a luchar contra la corrupción y la impunidad.
Según el documento, cárteles como el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Clan del Golfo y el Tren de Aragua han consolidado su influencia en el país, aprovechándose de la débil institucionalidad y los vacíos legales.
Estas organizaciones no solo operan con impunidad, sino que también han convertido a Honduras en una de las principales rutas de tránsito de cocaína hacia los Estados Unidos.
Regiones como Colón, Gracias a Dios y Olancho, catalogadas como “espacios no gobernados”, son los principales puntos de operación de estos grupos.
El informe también destaca que la corrupción sistémica en el aparato estatal hondureño representa un obstáculo crítico para combatir el narcotráfico. La falta de políticas claras, recursos limitados y una coordinación institucional débil han dificultado los esfuerzos del gobierno para enfrentar esta problemática.
A pesar de algunos avances, como el aumento en las incautaciones de drogas en 2024, el informe subraya que las acciones actuales son insuficientes frente a la magnitud del problema. Además, se señala que la implementación del estado de excepción desde 2022 ha debilitado la capacidad de las fuerzas del orden para enfrentar a los grandes operadores del narcotráfico.
Este panorama plantea un desafío significativo para Honduras, que debe fortalecer sus instituciones, implementar reformas legales y mejorar la coordinación entre entidades estatales para enfrentar esta amenaza creciente.
La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo “ha empeorado el tráfico de drogas”, señala el documento que pone también el acento en las operaciones que ejecuta el cártel de Sinaloa y las maras MS-13 y la pandilla 18.
Las interdicciones de drogas en el 2024 fueron más sustantivas que en el 2023, destaca el informe, al señalar que el año pasado se incautaron más de 19 toneladas métricas de cocaína en alto mar gracias a las operaciones de la armada hondureña en colaboración con los cuerpos antinarcóticos de Estados Unidos. En tanto, la Policía Nacional incautó cerca de tres toneladas métricas de drogas en sus operativos terrestres.
Cárteles intensifican operaciones en aguas territoriales
Los cárteles de las drogas siguen utilizando las aguas hondureñas para transportar sus cargamentos, en donde las lanchas rápidas son entre los mecanismos más utilizados para sus acciones delictivas, entre ellas las motos acuáticas de alta velocidad.
Una de las acciones en que las fuerzas del orden hondureño hicieron hincapié en la lucha contra las drogas fueron los golpes dados a acciones propias del microtráfico que se encuentra diseminado en diversos puntos del país para controlar el creciente crimen y violencia callejera en las zonas urbanas del país.
De acuerdo con el gobierno hondureño en el 2024 erradicaron 3 millones de plantas de cocaína, cantidad menor a las 4.7 millones de plantas reportadas en el 2023. Algunos de los factores que pudieron incidir, según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, estarían relacionados a la escasez de personal y apoyo aéreo ya la falta de un programa de compensación de informantes.
El compromiso del gobierno hondureño de combatir el narcotráfico se “ve socavado por recursos policiales y fiscales insuficientes, las operaciones en los ámbitos marítimos y aéreos adolecen de deficiencias de colaboración interinstitucional, mal funcionamiento del equipo de la sala de cables de la Policía y averías de equipo en el único avión de patrulla marítima de Honduras”, dice el informe.
El gobierno—agrega—no tiene una política clara para unir esfuerzos de combate entre las dependencias antidroga y ha restringida acciones presupuestarias a uno de los centros más potentes creados para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional como el Centro de Operaciones Interinstitucional de Acciones Conjuntas, que por falta de apoyo presupuestario y de voluntad política no obtendrá mayores avances en el 2024.
Ejemplo JOH y narco video resaltan en informe
“La coordinación interinstitucional es insuficiente, las limitaciones de recursos y la corrupción siguen siendo los problemas y barreras más importantes en Honduras”, señala el informe, al destacar que regiones como Colón y Gracias a Dios siguen siendo vulnerables a la explotación de los cárteles criminales transnacionales y las pandillas.
El informe, al abordar el tema de la corrupción, señala que si bien Honduras no fomenta ni facilita como política oficial la producción o distribución ilícita de drogas, la corrupción dentro del Estado hondureño y sus instituciones siguen siendo un problema importante. Y puso como ejemplo, la condena del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
El caso del expresidente Hernández, asegura, ejemplifica la corrupción y “sí bien esta condena marca un hito importante, es una victoria de los esfuerzos anticorrupción, la corrupción sigue siendo un problema generalizado, obstaculizando la capacidad de combatir el narcotráfico”.
Y a renglón seguido el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos cita el caso del narco video que implica al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.
El 3 de septiembre de 2024, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos publicó un video del exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, “cuñado de la presidenta Castro y hermano del expresidente Manuel “Mel” Zelaya, donde se reúne con conocidos narcotraficantes durante la campaña presidencial de 2013 de la presidente Castro”.
El informe indica que dentro de la lucha contra la corrupción el gobierno de la presidenta Castro destaca la derogación de la Ley de Secretos ante el abuso a que habían llegado gobiernos anteriores, pero ha autorizado una ley “que otorga una amplia amnistía a los exfuncionarios públicos que sirvieron durante la administración del expresidente Manuel “Mel” Zelaya (2006-2009) quien es el esposo de la presidente Castro.
En 2024, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la ley de amnistía que ha permitido a exfuncionarios públicos condenados por corrupción para volver al servicio público”. En 2024, muy pocos altos funcionarios han enfrentado causas penales o civiles, detalla.
El informe indica que la batalla legal contra las drogas requiere de reformas porque el procesamiento por corrupción ligada a las drogas es casi inexistente, permite la impunidad y debilita el sistema legal de Honduras. Indica que, si bien el gobierno anunció el interés por instalar una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, ésta se encuentra estancada, y que en octubre Honduras desarrolló un mecanismo de implementación para “revisar” las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El informe antinarcóticos de Estados Unidos señala que en Honduras el consumo de drogas se concentra en la marihuana, el clorhidrato de cocaína y el crack, y si bien el gobierno no ha informado de preocupaciones sobre drogas sintéticas o fentanilo y su producción o uso en el país, se han reportado las primeras incautaciones en la aduana de Puerto Cortés. No obstante, por limitaciones de recursos para realizar pruebas para tales sustancias, se desconoce si la fabricación de fentanilo está teniendo lugar en el país.
Pero llama la atención sobre las incautaciones basadas en fentanilo o los descubrimientos de laboratorios de drogas sintéticas reportados en el 2024.
Desafíos críticos para el gobierno de Castro
En materia de prevención antidrogas el informe señala que los esfuerzos del gobierno son limitados, las campañas de información pública no han podido atraer socios claves como el sector privado y las iniciativas de prevención no se dirigen específicamente a las poblaciones más vulnerables. “El gobierno aún no ha asignado recursos significativos para una prevención más amplia en los programas”, acota.
A manera de conclusión el informe del Departamento de Estado destaca lo siguiente: si bien las incautaciones de drogas marítimas experimentaron un aumento significativo en 2024, siguen existiendo desafíos críticos, incluida la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional, una asignación de recursos más específicos y medidas anticorrupción más efectivas.
