El reciente informe de InSight Crime ha puesto en evidencia la justicia selectiva en Honduras, revelando cómo ciertos casos de corrupción y narcotráfico reciben un tratamiento diferenciado por parte de las autoridades judiciales.
Las autoridades de Honduras están procesando a un exgeneral por recibir sobornos de narcotraficantes basándose en la evidencia de un video similar al que implicó a un familiar del presidente en ejercicio, quien nunca fue acusado, lo que revela la naturaleza selectiva de estas investigaciones.
El Ministerio Público de Honduras ha presentado cargos contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, por presunto lavado de dinero vinculado al grupo narcotraficante Los Cachiros.
La acusación se basa en un video grabado en 2013, donde Vásquez aparece recibiendo dinero de Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de Los Cachiros.
Sin embargo, este caso ha generado controversia debido a la existencia de otro video similar, publicado por InSight Crime, que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en una reunión con los mismos narcotraficantes.
A pesar de la evidencia, Zelaya no ha sido acusado formalmente y sigue recibiendo pagos del Estado.
Doble estándar en la justicia
El informe destaca cómo las autoridades han actuado con mayor rigor contra Vásquez, mientras que han sido más indulgentes con Zelaya, lo que refuerza la percepción de justicia selectiva en el país.
La diferencia en el manejo de estos casos ha generado críticas sobre la falta de imparcialidad y el fracaso constante de los funcionarios en la lucha contra la corrupción.
La publicación de estos videos ha provocado un debate nacional, con sectores políticos y ciudadanos exigiendo transparencia y acciones concretas contra la corrupción.
La presidenta Xiomara Castro ha condenado públicamente las negociaciones entre políticos y narcotraficantes, pero la falta de medidas judiciales contra Zelaya ha generado escepticismo sobre la voluntad del gobierno para erradicar estas prácticas.
Este caso se suma a una serie de escándalos que han sacudido el país en los últimos años, evidenciando la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial hondureño para garantizar una aplicación equitativa de la ley.
