En su histriónica exposición Redondo acusa al candidato liberal Salvador Nasralla y al presidente de ese partido Roberto Contreras de estar tras las supuestas amenazas.
La acusación, lanzada durante una extensa y teatral intervención en el hemiciclo, carece hasta ahora de pruebas públicas o testimonios verificables.
Sin embargo, Redondo no dudó en instruir al ente acusador del Estado a actuar, en lo que muchos consideran un uso político de la justicia para intimidar a la oposición.
¿Amenazas o estrategia de distracción?
La denuncia surge en medio de una creciente presión sobre el oficialismo por la parálisis del CNE, el vencimiento del plazo del TREP y la negativa del Congreso a tramitar la renuncia de Hall. En lugar de abordar estos temas de fondo, Redondo optó por desviar la atención con acusaciones que, hasta ahora, parecen más motivadas por el cálculo político que por hechos comprobados.
El propio Nasralla ha sido blanco de ataques personales por parte de Redondo, quien recientemente lo acusó públicamente de deberle dinero, sin responder a las denuncias de corrupción que el candidato ha hecho contra el Congreso y el gobierno de Libre.
Esta conducta refuerza la percepción de que el oficialismo está más interesado en desacreditar a sus adversarios que en garantizar un proceso electoral transparente.
Un patrón preocupante
No es la primera vez que desde el entorno de Redondo se promueven acciones judiciales contra figuras de la oposición. Su asesor, René Adán Tomé, ya había presentado una denuncia contra Nasralla por presunta corrupción, en un caso que también involucraba a la consejera Hall, lo que sugiere una estrategia coordinada para debilitar a los actores incómodos al oficialismo.
El analista político Kenneth Madrid advirtió que estas acciones podrían formar parte de un intento por desmantelar a la oposición y allanar el camino para un control absoluto del proceso electoral.
¿Y la institucionalidad?
La facilidad con la que el presidente del Congreso ordena investigaciones, sin pasar por los canales institucionales adecuados, pone en entredicho la separación de poderes. El Ministerio Público, en lugar de actuar como un ente autónomo, parece responder a los dictados del poder legislativo, lo que erosiona aún más la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
La democracia hondureña atraviesa un momento crítico. En lugar de fortalecer las instituciones, el oficialismo parece decidido a convertirlas en herramientas de intimidación política.
Las acusaciones sin pruebas, las amenazas veladas y el uso del aparato judicial para perseguir adversarios no son señales de fortaleza, sino de debilidad.
Si el gobierno de Libre quiere demostrar su compromiso con la legalidad y la transparencia, debe empezar por respetar el debido proceso, garantizar la independencia de los poderes del Estado y dejar de utilizar la justicia como arma política.
