La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, denunció públicamente que ha sido víctima de amenazas, asegurando que, aunque le cueste la vida, garantizará la democracia en Honduras.
A través de sus redes sociales, Barahona expresó su firme postura, afirmando que en el TJE siempre actuarán dentro de la ley, sin injerencias de ningún tipo.
En su mensaje, destacó que la transparencia está garantizada para todos los ciudadanos y advirtió que el delito de coacción está tipificado en la legislación hondureña.
La magistrada no ha revelado nombres ni detalles específicos sobre las personas que la estarían coaccionando, lo que ha generado especulaciones sobre el origen de las amenazas.
Sin embargo, su declaración ha causado reacciones en el ámbito político y electoral, especialmente en el contexto de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.
El delito de coacción
Según la Constitución de Honduras, el delito de coacción se configura cuando se impide, mediante violencia o intimidación, que una persona ejerza un derecho fundamental, o cuando se le obliga a realizar actos en contra de su voluntad. Este ilícito se castiga con una pena de uno a tres años de prisión, prestación de servicios de utilidad pública y una multa de 180 a 360 días.
Barahona ha reiterado que su compromiso con la transparencia y la legalidad es inquebrantable, asegurando que el TJE garantizará un proceso electoral justo. Su declaración ha generado apoyo y preocupación entre diversos sectores, quienes han instado a las autoridades a investigar las amenazas y garantizar la seguridad de los funcionarios electorales.
