El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, se pronunció luego de la cancelación de su visa por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y denunció presiones indebidas tanto internas como externas en el marco del proceso electoral hondureño.
En un extenso comunicado publicado en su cuenta de X, Morazán rechazó lo que calificó como injurias, amenazas e injerencia extranjera contra jueces y funcionarios electorales, señalando que estos actos constituyen ataques al Estado de derecho, la independencia judicial y la soberanía popular.
El magistrado afirmó que los jueces deben actuar únicamente conforme a la Constitución y la ley, resistiendo cualquier presión política o externa. Subrayó que los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 deben ser “limpios, transparentes y verificables”, y advirtió que las recientes presiones recibidas desde el extranjero ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Morazán también denunció amenazas de cárcel contra él y otros funcionarios electorales, atribuidas a una figura política nacional, y cuestionó la difusión de narrativas falsas que, según dijo, buscan desprestigiar su labor.
Reiteró que su compromiso con la legalidad lo ha llevado a denunciar públicamente abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.
Asimismo, criticó acciones de agentes extranjeros que, en su opinión, constituyen un acto de injerencia en los asuntos internos de Honduras y un intento de subordinar la independencia judicial a intereses externos.
El magistrado aseguró que mantiene un compromiso de imparcialidad frente a todos los candidatos y partidos, y advirtió que si en algún momento no pudiera resistir presiones indebidas, renunciaría irrevocablemente a su cargo.
Finalmente, expresó su preocupación por la lentitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la resolución de nulidades e impugnaciones, lo que —a su juicio— podría afectar la certeza jurídica del proceso. Señaló que, pese a que el TJE ya cuenta con personal capacitado para atender la carga jurisdiccional, hasta la fecha no se ha recibido ninguna impugnación debido a la falta de resolución por parte del CNE.
