El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, denunció públicamente que su vivienda fue “sitiada” por agentes del Ministerio Público y otros cuerpos de seguridad del Estado, en lo que calificó como un acto de intimidación política.
En una declaración contundente, Flores Urrutia responsabilizó directamente al expresidente Manuel Zelaya, al fiscal general Johel Zelaya, al gobierno actual y al partido Libertad y Refundación (Libre) por lo que considera una amenaza directa contra su integridad y la de su familia.
“Están poniendo en riesgo la seguridad personal y la de mi familia. Esto es una persecución política inaceptable”, expresó el magistrado en un llamado urgente a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos.
La denuncia de Flores Urrutia se produce en un momento de creciente tensión política e institucional. Mientras el fiscal general Johel Zelaya presentaba públicamente los audios entregados por el consejero electoral Marlon Ochoa —que supuestamente evidencian una conspiración para alterar los resultados electorales—, el presidente del TJE denunció que su casa estaba rodeada por agentes estatales.
Aunque no se ha confirmado oficialmente la naturaleza del operativo, la coincidencia temporal con la presentación de los audios ha generado sospechas de que se trata de una acción coordinada para presionar o intimidar al magistrado.
La denuncia de Flores Urrutia eleva el nivel de alarma sobre el estado de la democracia hondureña. Si se confirma que hubo un uso indebido de fuerzas estatales para presionar a un alto funcionario del órgano electoral, estaríamos ante una violación grave del principio de independencia institucional y del Estado de derecho.
Llamado a la comunidad internacional
Flores Urrutia instó a los organismos internacionales de derechos humanos y a las misiones diplomáticas acreditadas en el país a intervenir y observar de cerca la situación. “Esto no es solo un ataque contra mí, es un ataque contra la institucionalidad electoral del país”, advirtió.
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni el gobierno han emitido una declaración oficial sobre la denuncia del magistrado.
