Más de 1,500 millones de lempiras sería el monto total de la estafa cometido por Koriun Inversiones, en contra de más de 32 mil inversionistas y el Estado tendría que pagar a los afectados.
El colapso de Koriun Inversiones ha dejado una marca profunda en el sistema financiero hondureño, la magnitud del fraude ha llevado al Estado a considerar el uso de fondos públicos para compensar a los afectados, generando un intenso debate sobre la responsabilidad gubernamental en fraudes privados.
Esquema de la estafa
Koriun Inversiones operaba bajo un esquema Ponzi, en el que los rendimientos prometidos a los inversionistas provenían del dinero de nuevos participantes, en lugar de inversiones reales.
La empresa ofrecía ganancias semanales del 5%, lo que atrajo a miles de personas, muchas de ellas extrabajadores de maquilas que invirtieron sus ahorros o solicitaron préstamos bancarios para participar.
El Ministerio Público confirmó que Koriun no estaba registrada en el listado de actividades no profesionales designadas (APNFD), lo que significa que operaba sin los permisos legales requeridos para manejar grandes cantidades de dinero.
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Durante la intervención de la Fiscalía, se encontraron fajos de billetes en cajas de cartón y bolsas negras, evidenciando la falta de control financiero.
El colapso de Koriun dejó a miles de ciudadanos sin acceso a sus fondos, generando protestas y reclamos ante las autoridades. Muchos de los afectados habían confiado sus ahorros de toda la vida, mientras que otros recurrieron a préstamos bancarios para invertir en la empresa.
La incertidumbre sobre la recuperación del dinero ha llevado a una crisis de confianza en el sistema financiero.
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Respuesta del Gobierno
Ante la magnitud del fraude, el Ejecutivo, por orden de la presidenta Xiomara Castro, ha anunciado la elaboración de un proyecto de ley para brindar apoyo económico a los afectados. La propuesta busca canalizar recursos del Presupuesto Nacional para compensar a los inversionistas, lo que ha generado críticas por parte de sectores empresariales y políticos.
El Congreso Nacional deberá analizar y debatir el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones y ha asegurado 358 millones de lempiras en efectivo tras allanamientos en las sucursales de Koriun. Sin embargo, esta cantidad es insuficiente para cubrir el total de las pérdidas reportadas.
