En medio de un prologado estado de excepción, 304 mil 388 hogares fueron víctimas de la extorsión al cierre de 2024, una cifra que confirma el fracaso de un mecanismo que además sigue de forma ilegal, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Un análisis de la ASJ, presentado este día destacó que sólo uno de los 18 decretos ejecutivos promovidos en Consejo de Ministros, a través de los cuales se ha mantenido vigente, cumplió con los requisitos constitucionales en tiempo y forma para su aplicación, el resto sigue en la ilegalidad.
Desde diciembre de 2022, mediante la aplicación de un estado de excepción, el gobierno busca frenar la extorsión, pero los resultados indican lo contrario, indicó el director de Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda.
“Los datos nos están diciendo que hay un 25 % de reducción acumulada en los últimos dos años en la tasa de homicidios, pero todavía hay que analizar si responde o no al estado de excepción porque las autoridades eso dicen, pero realmente no hay un estudio que nos indique claramente eso”, señaló el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía.
El ente de sociedad civil citó que según los datos del decreto ejecutivo PCM 03-2025 del 6 de enero de 2025, se han efectuado: 43 mil 010 allanamientos de morada, 53 mil 618 detenciones, 16 mil 010 órdenes de captura, 8 mil 059 vehículos y 45 mil 033 motocicletas han sido decomisados. «No obstante, la extorsión sigue golpeando a los hogares hondureños», lamentó Castañeda al desmenuzar las cifras de los últimos tres años.
Extorsión en aumento
En 2022, un total de 226 mil 262 hogares reportaron ser víctimas de extorsión; en 2023, la cifra aumentó a 286 mil 533, y en 2024 alcanzó los 304 mil 388 hogares afectados. Por otro lado, mientras el delito se expande, las sentencias condenatorias por extorsión han disminuido drásticamente.
De acuerdo con datos oficiales, en 2022 se emitieron 105 condenas; en 2023, solo 66, y en 2024, apenas ocho, evidenciando una preocupante falta de respuesta judicial ante este flagelo.
A lo anterior se suma que, durante el último año, ocho departamentos del país tuvieron un aumento en sus tasas de victimización. La mayor variación ocurrió en Intibucá, Choluteca y Atlántida.
Considerando este aumento, Mejía insiste en la necesidad de profundizar en estos resultados. “Por eso uno debe tener matices cuando habla del estado de excepción porque si hablamos del delito de extorsión podríamos decir de manera tajante como lo plantea el informe de ASJ que es un fracaso rotundo el estado de excepción, pero si vemos la reducción de homicidios, que es un éxito”, comparó.
En cuanto al Plan Antiextorsión del gobierno, ASJ consultó con expertos, quienes señalan que apenas cinco de las 30 acciones planteadas se pueden considerar cumplidas, demostrando con esto que no existe una verdadera voluntad política para ejecutar un trabajo integral y coordinado entre las diferentes instituciones del Estado que deberían priorizar sus acciones para unirse al combate contra la extorsión.
El criminalista Gonzalo Sánchez señaló falta de voluntad política para que el estado de excepción sea efectivo, con resultados similares a los que presenta El Salvador, donde la delincuencia pandilleril era más fuerte que en Honduras. “Falta voluntad política”, afirmó el experto en criminalística, “En Honduras, teniendo más herramientas, por qué no se combate”, dijo al agregar, porque no se puede dejarle solo a la Policía eso, “tienen que unificarse, tienen que formar un frente común para todas las instituciones”.
Por lo anterior, ASJ concluye que la medida, originalmente concebida como temporal en el marco del Plan Antiextorsión promovido por la presidenta Xiomara Castro, se ha extendido por más de dos años, volviéndose prácticamente permanente y perdiendo su efectividad.
Para el analista Germán Licona, la ilegalidad es la causa de que el estado de excepción está arrojando cifras alarmantes en extorsión, el fin por el que este mecanismo fue creado en diciembre de 2022.
“El estado de excepción ha fallado desde el punto de vista de la ilegalidad, nos hemos enfocado en temas que tiene que ver con la reducción de muertes violentas pero descuidamos el tema en por el fin que fue creado el mecanismo, que es la extorsión: un 9 % en 2023, un 11 % en 2024 y eso eleva las alarmas”, manifestó Licona.
Ilegalidad
El análisis de ASJ apunta además que las declaratorias de estado de excepción no cumplieron por completo con el proceso constitucional establecido, en algunos casos por falta de ratificación del decreto ejecutivo por parte del Congreso Nacional o porque esta excedió el tiempo establecido, y por ende no se publicó en La Gaceta. En consecuencia, sólo una de las 18 declaraciones del estado de excepción fue legal.
El estado de excepción también ha generado un retroceso en materia de derechos humanos, incrementando el riesgo de abusos por parte de las autoridades. La suspensión de derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso, ha permitido que fuerzas de seguridad ingresen a viviendas sin orden judicial y se realicen detenciones arbitrarias.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han recibido 798 quejas por vulneraciones en el marco del estado de excepción.
Recomendaciones
A raíz de los resultados, ASJ insta al gobierno a replantear el Plan Antiextorsión mediante ajustes en la ejecución para generar resultados tangibles y disminuir el impacto negativo sobre la población.
De igual forma, implementar una lucha integral y contundente contra la extorsión por medio de una estrategia que involucre a la Policía Nacional, fiscales, jueces, el sector financiero y la sociedad civil, garantizando al mismo tiempo el respeto de las garantías constitucionales.
Finalmente, recomienda revisar la vigencia del estado de excepción, pues su extensión, especialmente durante un año electoral, podría poner en riesgo la democracia y limitar libertades fundamentales como la de expresión y reunión, favoreciendo a ciertos sectores en detrimento de una participación política plural.
El analista Miguel Cálix destaca que el gobierno debe iniciar un portal discusión donde se valoren los pros y contras de una medida, “particularmente sus riesgos de cara a un proceso democrático en la que la restricción de garantías podría convertirse – sino se hace los controles necesarios – en una forma de intimidación a personas que puedan estar en desacuerdo o que sean críticas de las posturas oficialistas”, advirtió.
