El Ministerio Público (MP) presentó este lunes un requerimiento fiscal contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, y su socia Liana María Mayorga Castillo, por presunto fraude al Estado mediante la adquisición irregular de tarjetas PVC utilizadas para emitir licencias de conducir.
Según el comunicado oficial, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) determinó que los imputados causaron un perjuicio económico de 18,547,200 millones de lempiras al Estado, a través de un contrato adjudicado a la empresa Plasticards S.A., constituida apenas dos meses antes de recibir el beneficio.
La Fiscalía detalló que en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó irregularmente la compra de 480 mil tarjetas PVC, aunque solo 258,000 unidades llegaron al país.
El 22 de enero de 2022, cinco días antes del cambio de gobierno, se realizó un pago de 1.18 millones de lempiras a Plasticards. Tres días después, la gerente de la empresa, Liana Mayorga, transfirió 17 millones de lempiras a Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina Rodríguez, quien tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo.
El MP reveló que, aunque el contrato fue adjudicado a Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por la empresa extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, e importadas por Inversiones MyM S. de R.L., vinculada directamente a Molina Rodríguez.
Durante la investigación, se documentó el uso de fachadas empresariales internacionales y sistemas financieros en Estados Unidos y Francia para triangular y lavar fondos públicos, según la UF-ADPOL.
Como parte de las acciones legales, el MP aseguró 7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles relacionadas con los acusados, con el objetivo de recuperar el patrimonio público y garantizar el proceso penal.
