La bancada del Partido Nacional denunció este martes que la acción judicial no responde a un proceso legal legítimo, sino a una estrategia de persecución política y extorsión judicial orquestada por el oficialismo de Libertad y Refundación (Libre) para debilitar a la oposición y tomar control del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante una conferencia de prensa, el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, fue enfático: “La acción de hoy es una extorsión judicial. Libre quiere doblarle el brazo a la oposición porque quiere la presidencia del CNE.”
Zambrano advirtió que esta no será la última detención: “Pronto vendrán órdenes de captura contra líderes del Partido Nacional y del Partido Liberal. El objetivo es claro: eliminar la verificación y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).”
¿Justicia selectiva o justicia instrumentalizada?
El diputado Mario Pérez denunció que al llegar al Congreso, la bancada fue recibida por un mega operativo policial que exigía documentos de identidad a los legisladores, lo que calificó como un acto de intimidación. Además, reprochó que Márquez no fuera citado previamente por el Ministerio Público, como corresponde a su investidura como congresista.
“La ley exige un procedimiento especial para diputados. No se respetó. Esto fue un montaje político.”
Pérez también condenó la filtración de la fotografía de la captura de Márquez, señalando que la ley prohíbe exhibir a detenidos. “Querían esa imagen para circularla por todo el país y sacar provecho político.”
¿Dónde queda la independencia judicial?
Los nacionalistas también apuntaron sus críticas hacia el Poder Judicial, acusando a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de prestarse a una operación política al designar a un magistrado afín a Libre como juez natural del caso.
Este señalamiento pone en entredicho la independencia de la justicia hondureña, en un momento en que el país atraviesa una crisis institucional profunda, con el CNE paralizado, el TREP vencido y el Congreso convertido en un campo de batalla político.
¿Justicia o venganza?
La captura de Márquez, más allá de su posible responsabilidad penal, se ha convertido en un símbolo de la instrumentalización de la justicia con fines políticos. Si bien ningún funcionario debe estar por encima de la ley, tampoco puede permitirse que la ley se utilice como arma de intimidación contra la disidencia.
