La Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado este domingo en el que anunció que tomarán fotografías y videos de las personas que participen en manifestaciones que obstruyan el derecho a la libre circulación.
Además, se advirtió que se emitirán órdenes de captura contra quienes sean identificados como responsables de actos que violen la ley.
Esta decisión ha generado controversia, ya que muchos consideran que contradice los principios que el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), defendió antes de llegar al poder.
Durante años, Libre utilizó las protestas como una herramienta clave para expresar su descontento y exigir cambios políticos.
Ahora, bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, estas mismas acciones son vistas como una amenaza al orden público y la estabilidad social.
El comunicado enfatiza que el derecho a la manifestación debe ejercerse dentro del marco de la legalidad y con respeto a los derechos humanos de los demás ciudadanos.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas podrían interpretarse como un intento de limitar la libertad de expresión y criminalizar la protesta pública.
Este cambio de postura ha generado un intenso debate en la sociedad hondureña sobre el equilibrio entre mantener el orden público y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
