¿Por qué insiste y para qué quiere las actas Roosevelt Hernández? Es la pregunta que flota en el ambiente y hace que los hondureños formen sus propias conjeturas en su mayoría la politización partidaria de las Fuerzas Armadas y la entrega al socialismo-comunismo de su cúpula.
La reciente solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, para que se le entreguen copias de las actas del nivel presidencial durante las elecciones generales del 30 de noviembre, ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad hondureña. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué insiste y para qué quiere esas actas?
El 24 de octubre, Hernández realizó una solicitud verbal a los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) —Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López— para que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) reciban copias de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial.
Posteriormente, anunció que formalizaría la petición por escrito, argumentando que su intención es “ser garantes del proceso” y que su solicitud no constituye una injerencia, sino una facultad otorgada por la Constitución.
¿Qué dice la ley?
La Constitución de la República, en su artículo 272, establece que las Fuerzas Armadas deben colaborar con el proceso electoral en aspectos de seguridad y logística, pero no les otorga competencias para administrar, fiscalizar ni divulgar resultados electorales.
Esa responsabilidad recae exclusivamente en el CNE, como lo recordó la consejera Ana Paola Hall, quien enfatizó que cualquier solicitud debe ser evaluada por el pleno del órgano electoral y apegada estrictamente al marco legal.
¿Qué hay detrás de la insistencia?
La insistencia del general Hernández ha generado preocupación y sospechas. Diversos sectores han calificado la solicitud como inconstitucional y una amenaza al carácter apolítico y subordinado de las Fuerzas Armadas.
En un país con una historia marcada por intervenciones militares en la política, este tipo de acciones reavivan temores sobre una posible militarización del proceso electoral o, peor aún, una intromisión directa en la voluntad popular.
Además, en un clima de creciente polarización, algunos analistas y ciudadanos interpretan esta movida como parte de una estrategia para legitimar o cuestionar resultados electorales desde una posición de poder armado.
La posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen un conteo paralelo de votos, aunque no oficial, podría abrir la puerta a narrativas de fraude, presión institucional o desestabilización democrática.
Riesgos para la democracia
Permitir que las Fuerzas Armadas accedan a las actas presidenciales sin justificación legal clara socava la autonomía del CNE, debilita la confianza ciudadana en el proceso electoral y rompe el principio de neutralidad militar.
La democracia hondureña, aún frágil, no puede permitirse retrocesos institucionales que abran espacio a la desconfianza o a la manipulación de resultados.
La UNAH, entre otras instituciones, ya ha advertido que esta solicitud representa un retroceso democrático y una violación a los principios constitucionales que rigen el sistema electoral.
La pregunta no es solo por qué Roosevelt Hernández quiere las actas, sino qué consecuencias tendría permitirlo. En una democracia, la transparencia no se garantiza con más actores interviniendo, sino con instituciones fuertes, independientes y respetadas.
La vigilancia ciudadana, la observación internacional y el respeto a la ley son los verdaderos garantes de elecciones limpias. Y en ese camino, la prudencia y la legalidad deben prevalecer sobre cualquier ambición de control.
